A casi una década de los hechos, no hay justicia por el presunto saqueo a la reserva técnica del Instituto de Pensiones del Estado, denunció el presidente de la Coalición de Pensionistas Independientes, Sergio Téllez Galván.
Recordó que en 2016 con el sexenio de Javier Duarte de Ochoa se registró un faltante de alrededor de mil 600 millones de pesos que nunca fue esclarecido y cuyo destino permanece desconocido.
Señaló que, pese a tratarse de recursos públicos y de un posible daño patrimonial al Estado, no se abrió una investigación formal que permitiera deslindar responsabilidades en ese momento.
Téllez Galván reveló que la Coalición retomó la lucha legal para denunciar el saqueo en la Reserva Técnica del IPE luego que un juez ordenara reabrir la investigación que la Fiscalía Décima había dado por concluida.
El dirigente informó que el Juez reconoció como válida la impugnación presentada contra la resolución de la Fiscalía, la cual había determinado que no existía delito que perseguir pese a que COPIPEV entregó 141 pruebas sobre el uso irregular de recursos de la reserva técnica.
Explicó que la Fiscalía basó su determinación únicamente en un estudio interno elaborado por auditores del propio instituto sin considerar la magnitud de los señalamientos.
Según dicho documento, la autoridad justificó el uso de la reserva técnica para el pago de pensiones, de personal y de otros gastos operativos, aunque estos últimos no están contemplados dentro de las circunstancias excepcionales que permitirían recurrir a esos fondos.
Agregó que el Ejecutivo estatal en 2016 utilizó la reserva porque la Secretaría de Finanzas ya no contaba con el dinero presupuestado por la Legislatura para cubrir un año completo de jubilaciones.
El representante de COPIPEV afirmó que la reciente resolución judicial obliga a la Fiscalía Décima, especializada en hechos de corrupción y delitos cometidos por servidores públicos, a investigar nuevamente lo ocurrido y emitir una nueva determinación. Consideró que, con los cambios en el Poder Judicial, existe la expectativa de que el caso finalmente sea revisado a fondo.
Téllez Galván sostuvo que los pensionistas esperan que la Fiscalía esclarezca quién ordenó o autorizó el retiro de la reserva técnica y por qué los recursos no fueron restituidos. Añadió que la falta de avances refleja la opacidad con la que se ha tratado un presunto desfalco que afecta de manera directa al patrimonio de miles de jubilados.