Rechaza ampliación presupuestal del IEV para 2006

Rosa Luna Hernández, coordinadora del Grupo Legislativo del PRI en el Congreso local, puso en duda que en el próximo periodo ordinario de sesiones se apruebe la ampliación presupuestal de 15 millones de pesos solicitada por el Instituto Electoral Veracruzano para concluir este año.

Dijo también que no se aprobarán “más que 350 millones de pesos de los 400 solicitados para el 2007”, por dicho órgano electoral, al igual que hace unos días lo planteara el presidente de la Comisión de Hacienda del Estado, el panista William Kuri Ceja.

Entrevistada previamente a la guardia de honor ante el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla, la diputada rechazó que los 400 millones que solicita el IEV para el 2007 sean necesarios, “con 350 millones saldría, pueden pedir 500 millones pero deben justificarlo y explicar cómo se utilizarán porque se busca una administración transparente y recursos públicos bien utilizados”.

Al referirse a la solicitud de los 15 millones de pesos de ampliación presupuestal, Luna Hernández dijo que no se analiza todavía a fondo el proyecto, aunque se ha dicho que es para reforzar las 15 oficinas distritales, hay que evaluar si está justificado, dejando entrever que muy probablemente se rechacen.

En otro orden de ideas señaló que en el último periodo ordinario de sesiones del Congreso Local se abordarán la Ley de Transparencia, Reforma Electoral, los institutos Veracruzano de las Mujeres y el Municipal, para que entren en funciones bien con todas las características legales.

Sobre el código electoral afirmó revisan el presupuesto y los tiempos de campaña, “estamos buscando el ahorro y la eficiencia, acortar los tiempos de campaña entre 30 a 45 días es suficiente tiempo para no atosigar a los electores con publicidad”

Finalmente señaló que la Ley de Responsabilidad Juvenil no está hecha al vapor, tiene mucho tiempo de análisis en las comisiones, pero no entrará en vigor de inmediato, porque operarla requiere de muchos recursos económicos, porque es una ley preventiva, que busca establecer los centros de reintegración con todas las instalaciones y el personal calificado para lograrlo.