Rechaza Beatriz Rivera que la magistratura sea un premio por llevar el caso de Regina Martínez

En sesión extraordinaria de este martes, el Congreso del Estado nombró a Beatriz Rivera Hernández como magistrada del Tribunal Superior de Justicia, en sustitución del magistrado finado, Alfredo Garcimarrero Ochoa.

Entrevistada después de haber tomado protesta ante el pleno legislativo, la ahora magistrada negó que su nombramiento haya sido un premio por haber llevado el caso de la periodista Regina Martínez Pérez, asesinada hace más de dos años.

Por el contrario, dijo que es un reconocimiento a una carrera judicial de 27 años y medio.

“Tengo veintisiete años y medio llevando miles de asuntos. Yo tengo confianza en las instituciones y en su fortaleza y saldremos adelante”.



Este martes, en sesión extraordinaria, el pleno legislativo sometió a votación el punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en el cual se propuso a Beatriz Rivera Hernández como magistrada del TSJ, a propuesta del Ejecutivo estatal.

Beatriz Rivera Hernández nació en Veracruz, Veracruz, el 20 de agosto de 1960. Es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana (UV). Tiene grado de maestría en Ciencias Penales, otorgado por la Universidad Villa Rica, cursó un master en Derecho Penal, Procesal y Criminología en la Universidad de Girona, España, y actualmente es candidata a doctor en Derecho, por la Universidad Cristóbal Colón.



En el servicio público, en 1987 se desempeñó como oficial administrativo en agencias del Ministerio Público en Veracruz. También ha fungido como secretaria de Acuerdos en los juzgados civiles en los distritos judiciales de Poza Rica, Coatepec, Xalapa y Coatzacoalcos.

Rivera Hernández cuenta también con numerosos cursos de capacitación y ha asistido a seminarios y diplomados relacionados con su ejercicio profesional.

En el acuerdo se estipula que, derivado del análisis de la trayectoria profesional de Beatriz Rivera Hernández, se confirma que cumple con lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial.