Recibe Congreso de Veracruz iniciativa para adecuar elecciones del Poder Judicial

La gobernadora Rocío Nahle García envió al Congreso local una iniciativa para reformar el Código Electoral del estado, estableciendo las reglas para que se pueda realizar la primera elección por voto popular de los cargos al interior del Poder Judicial de la entidad, como jueces, juezas y magistrados.

El documento detalla que las personas interesadas en participar en las convocatorias emitidas por los Comités de Evaluación podrán inscribirse entre el 31 de enero y el 7 de febrero de 2025. Los comités del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial tendrán hasta el 21 de febrero para verificar que los aspirantes cumplan con los requisitos de elegibilidad, publicando el listado correspondiente el día 22 del mismo mes. Además, deberán calificar la idoneidad de los postulantes y presentar un listado final el 12 de marzo.

Para ajustar las postulaciones a los cargos disponibles, se realizará una insaculación pública observando la paridad de género. Los resultados definitivos se remitirán al Congreso local el 14 de marzo, mientras que la aprobación final por parte de los poderes del estado deberá ocurrir a más tardar el 17 de marzo.



Para ello, el Congreso integrará los listados finales y expedientes de los candidatos antes del 20 de marzo, para organizar el proceso electivo.

El Consejo de la Judicatura entregará un listado adicional con los nombres de quienes ocupan actualmente los cargos sujetos a elección, incluyendo a los candidatos que opten por un pase directo. Aquellos que deseen postularse para un cargo diferente deberán notificarlo al Congreso al menos tres días antes del cierre de la convocatoria. En caso de omisión, sus candidaturas serán canceladas.

¿Qué plantea la reforma?



La reforma propone que todo el estado constituya una sola circunscripción para la elección de juzgadores. Los cargos tendrán una duración de nueve años, con posibilidad de reelección, salvo los miembros del Tribunal de Disciplina Judicial, cuyo periodo será de seis años sin posibilidad de reelección.

También se contempla un tope de gastos para las campañas, que estarán limitadas a recursos personales y prohibirán el financiamiento partidista o la contratación de propaganda en medios.

Para garantizar la equidad en el proceso, se organizarán foros públicos gratuitos y se utilizará la plataforma del Organismo Público Local Electoral (OPLE) para difundir las propuestas y perfiles de los aspirantes. Además, los nombres de los electos se publicarán, asegurando transparencia y continuidad institucional. La iniciativa incluye la creación de un Libro Noveno en el Código Electoral de Veracruz, que detalla el procedimiento para la convocatoria, el control de perfiles profesionales, y las reglas éticas y de transparencia.



Cada Poder del Estado formará un Comité de Evaluación, conformado por cinco personas con experiencia jurídica, quienes se encargarán de coordinar las convocatorias, evaluar a los aspirantes y seleccionar a los mejores perfiles. Los aspirantes podrán impugnar las decisiones sobre su elegibilidad ante el Tribunal Electoral, que resolverá los casos dentro de plazos que les permitan participar en el proceso de evaluación. Las personas mejor calificadas serán entrevistadas públicamente para evaluar sus conocimientos y competencias.

El OPLE será responsable de definir los modelos de boletas, supervisar los topes de gastos de campaña y garantizar que no haya financiamiento público o privado. Además, el organismo deberá promover la participación ciudadana y asegurar la difusión equitativa de las propuestas.

Las campañas electorales durarán 30 días y permitirán a los candidatos difundir sus trayectorias y propuestas a través de entrevistas y foros. Quedará prohibido el proselitismo por parte de partidos políticos, así como el uso de recursos públicos o propaganda que implique beneficios económicos.



Finalmente, las disposiciones incluyen la obligación de utilizar materiales reciclables y biodegradables para la propaganda impresa y regulan el uso de redes sociales, limitándolo a contenidos que no impliquen gastos adicionales. Estas medidas buscan garantizar un proceso electoral justo y transparente, centrado en la elección de perfiles adecuados para el Poder Judicial del estado.