Reconoce Nahle extorsiones y corrupción en Registro Público de la Propiedad; ordena investigación

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, reconoció públicamente que en el Registro Público de la Propiedad se han tolerado prácticas que derivan en extorsión y manejo ilegal de recursos y advirtió que su Gobierno investigará a fondo estas irregularidades como parte del combate al llamado “cártel inmobiliario”, con la instrucción de que se aplique la Ley “caiga quien caiga”. “Esto pasa cuando se suelta el Gobierno, cuando hay una ausencia del Estado, y eso no puede ser”, sostuvo.

Durante conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, la mandataria estatal reaccionó a los señalamientos hechos por empleados del Registro Público, quienes denunciaron que notarías presuntamente pagan servicios “urgentes” fuera de los canales oficiales y que ese dinero se utiliza para pagar a personal meritorio que no cuenta con contrato con el Estado. “Esto está muy mal. Para empezar, no debe de haber ningún pago ahí. Un notario que llega a pagar ya desde ahí está coaccionando, está extorsionando, y cómo un empleado que no está contratado, que no tiene un contrato, va a actuar de forma institucional si le está pagando alguien que no debe”, expresó la Gobernadora al admitir que no tenía conocimiento previo de este esquema.

Nahle García calificó como inadmisible que existan personas que llevan hasta 15 años laborando como meritorias dentro del Registro Público de la Propiedad sin derechos laborales, sin contrato y dependiendo de pagos irregulares, por lo que adelantó que se debe pensar en aplicar los exámenes de confianza y con la experiencia operativa que ya tienen podrían ser contratados. “Eso no debe ser. Si saben hacer las cosas, si cumplen, deben ser contratados por medio del Estado como empleados públicos”.

De acuerdo con lo expuesto por los trabajadores, en el Registro Publico de la Propiedad ingresan entre 20 mil y 30 mil pesos en un solo día, tan sólo por trámites urgentes, recursos que presuntamente son recibidos por la Jefatura del Registro Público en Xalapa y distribuidos de manera semanal entre los empleados meritorios como pago por sus servicios. Ante ello, la Gobernadora fue tajante al señalar que ninguna persona puede manejar dinero de esa forma dentro de una institución pública. “Eso se tiene que investigar. Ni la Jefa, ni el Subjefe, ni nadie puede hacer eso. Sea quien sea, se debe de actuar. Y qué bueno que lo mencionan porque vamos a actuar”, afirmó.

En este contexto, Rocío Nahle reiteró que la revisión en el Registro Público de la Propiedad no se limita a personal de menor rango, sino que alcanza a mandos medios y superiores, con el objetivo de evitar que se responsabilice únicamente a empleados meritorios por actos que, aseguran, se realizan por órdenes de directivos o instancias más altas. “Se está haciendo una revisión de todo, no nada más de mandos bajos o medios, de todos. Quien haya incurrido en falsificación de documentos está violando la Ley”, enfatizó.

Sobre el tema del “cártel inmobiliario”, la Gobernadora destacó que en el caso de la casa de Las Ánimas, la cual fue despojada de sus dueños en el mes de diciembre, ya se logró la recuperación del inmueble y su entrega a los legítimos propietarios y aseveró que se dará a conocer quiénes fueron los responsables del despojo, incluidos abogados involucrados. “En el caso de Las Ánimas vamos muy avanzados. Ya se recuperó y ya se entregó a los dueños”, señaló.

Debido a la magnitud del caso y al número de personas involucradas, la mandataria estatal informó que solicitará al secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, que acuda a explicar públicamente el avance de las investigaciones una vez que se tenga mayor claridad en los expedientes. “Es un tema extenso, donde están involucradas muchas personas. Y persona por persona se tiene que aplicar la Ley”, subrayó.

Actualmente, la oficina del Registro Público de la Propiedad en Xalapa está a cargo de Yolanda Aideé Tovar Badillo, quien fue señalada por una exempleada meritoria como quien daba las órdenes y quien recibía los pagos de los notarios con los cuales le pagaban su salario. Rocío Nahle dejó en claro que su administración no encubrirá irregularidades y que el combate a la corrupción inmobiliaria busca recuperar la legalidad, la certeza jurídica y la rectoría del Estado en instituciones que durante años operaron sin control.