Recrimina CNDH poca colaboración de Fiscalía de Veracruz con Derechos Humanos

La poca colaboración de la Fiscalía General del Estado (FGE) frente a las resoluciones de organismos públicos de derechos humanos refleja un patrón institucional que afecta directamente a víctimas y familiares, advirtió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En su columna publicada este miércoles, el periodista Raymundo Jiménez recoge que además de lo anterior, la postura de la fiscal Verónica Hernández Giadáns retrasa la reparación del daño.

La CNDH afirmó que la posición adoptada por la dependencia a cargo de Hernández Giadáns “limita el acceso a una verdadera reparación integral”, al resistirse a aceptar y cumplir recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Esta dinámica motivó la Recomendación 131/2025, una advertencia formal sobre el riesgo de persistencia en el incumplimiento. alcalorpolítico.com ha dado seguimiento a esta reiterada negativa a aceptar recomendaciones, mismas que se reflejan en resoluciones como las 122/2025, 123/2025, 124/2025, 125/2025 y 126/2025, expedientes en los que las víctimas promovieron recursos de impugnación por la falta de respuesta de la Fiscalía.

Todos estos casos comparten un mismo diagnóstico institucional: ineficacia en los mecanismos de investigación, archivamiento de expedientes, ausencia de diligencias básicas, omisiones periciales y carencia de resultados. La CNDH subrayó que estos hechos configuran una violación sistemática al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración.

Desde su designación en 2019, tras la separación del fiscal Jorge Winckler Ortiz, Hernández Giadáns ha protagonizado disputas con la CEDH debido al rechazo persistente de recomendaciones relacionadas con desapariciones, homicidios y abusos policiales. Entre febrero y noviembre de 2025, la comisión local emitió recomendaciones que han sido desechadas por la Fiscalía, una práctica que encendió alertas en la CNDH y derivó en la intervención del organismo federal.

La CNDH emitió el 25 de noviembre un comunicado relativo a la Recomendación 131/2025 por un caso en el que registró discrepancias en el seguimiento de una carpeta iniciada por una desaparición, dilación procesal y omisiones ministeriales. El organismo advirtió que, de persistir la negativa, solicitará que el Congreso del Estado convoque a la titular de la Fiscalía a comparecer, además de ordenar la emisión de una circular interna para obligar al personal ministerial a acatar resoluciones similares en el futuro.

A lo largo de 2025, la CNDH ha emitido 17 recomendaciones contra la FGE. Los expedientes documentan omisiones en diligencias básicas, falta de coordinación en procedimientos de búsqueda, revictimización de familiares y deficiencias en el manejo forense de casos vinculados con desapariciones o muertes violentas.

Entre ellos se encuentran denuncias en Poza Rica, Cardel, Medellín de Bravo y Xalapa, así como investigaciones sobre detenciones arbitrarias y fallecimientos consecuencia de uso de fuerza policial.

En la Recomendación 116/2025, se analizó el secuestro y homicidio de un hombre ocurrido en 2017. La familia denunció que la FGE no coadyuvó con la Fiscalía General de la República (FGR) ni realizó diligencias suficientes para identificar a los responsables.

En otros casos, como el de la Recomendación 70/2025, se estudió la desaparición de una persona ocurrida el 6 de septiembre de 2018. Su madre presentó una queja por omisiones en la búsqueda y porque la FGE tardó años en tomarle muestras genéticas para comparar con restos localizados en la región. El expediente reveló falta de coordinación entre las áreas periciales y la Comisión Estatal de Búsqueda.

En la Recomendación 113/2025 se abordó la desaparición de una persona denunciada en diciembre de 2020. Los familiares señalaron dilación e ineficacia en la indagatoria y que, a pesar de las gestiones ante la Fiscalía Especializada para Personas Desaparecidas, no hubo avances sustanciales.

En la Recomendación 119/2025 se documentó el caso de una persona asesinada en 2018. Los familiares denunciaron que la FGE no preservó adecuadamente la escena del crimen ni aplicó las pruebas periciales necesarias.

En la Recomendación 122/2025, la CNDH acreditó que agentes ministeriales omitieron investigar con diligencia la desaparición de un joven reportado en 2014 en Coatzacoalcos. Su madre acudió en múltiples ocasiones a la FGE sin obtener información sobre el paradero de su hijo.

La Recomendación 123/2025 resolvió un caso de violencia familiar en Xalapa. Una mujer denunció agresiones contra ella y su hija, pero la Fiscalía Especializada no integró la carpeta con perspectiva de género ni activó medidas de protección.

En la Recomendación 124/2025 se documentó la desaparición de un joven ocurrida en 2016 en la zona centro del estado. Su familia acusó que la FGE no agotó las líneas de investigación razonables ni mantuvo coordinación con las autoridades de búsqueda.

Otro expediente, la Recomendación 125/2025, se refiere a la desaparición de un hombre ocurrida en 2014. Su madre denunció que la investigación fue archivada sin avances durante años y que la FGE se negó a reconocer la recomendación emitida por la CEDH.

La Recomendación 126/2025 se centró en la desaparición de 2 jóvenes en 2013 en Medellín de Bravo. Los familiares señalaron que desde entonces no recibieron información ni resultados concretos sobre la investigación.

Para el organismo nacional, el fenómeno de la desaparición no sólo continúa, sino que aumenta en distintas regiones del Estado. El análisis incluyó observaciones sobre impunidad, falta de políticas públicas para prevenir el delito y posibles colusiones de agentes estatales con organizaciones criminales, condiciones que constituyen violaciones graves a los derechos humanos por su impacto en víctimas y familiares.

Las advertencias actuales reabren el cuestionamiento sobre el desempeño de la Fiscalía y la obligación institucional de garantizar búsqueda, verdad y acceso a la justicia.

También colocan al Congreso del Estado y al Ejecutivo estatal ante la eventual decisión de llamar a rendir cuentas a la titular de la FGE, en un contexto en el que organismos de derechos humanos han documentado fallas recurrentes en la procuración de justicia en Veracruz.