Recriminan padres y madres cierre de última hora del CECOFAM Xalapa

A LA OPINIÓN PÚBLICA
A LA SOCIEDAD EN GENERAL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Los padres y madres de familia, particularmente los no custodios, que acudimos este fin de semana a las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM) de Xalapa, adscrito al Poder Judicial del Estado de Veracruz, denunciamos enérgicamente la flagrante y sistemática vulneración a los derechos fundamentales de nuestras hijas e hijos, orquestada por la indolencia, la apatía y la negligencia de las autoridades de dicho centro.

Hace unos meses, el CECOFAM notificó (por lo menos con anticipación) que se declararían algunos domingos de julio y agosto como inhábiles para las actividades de convivencia, argumentando labores de “fumigación y mantenimiento”. Aunque perjudicial, la antelación permitió a algunas familias reprogramar sus encuentros. Sin embargo, este fin de semana la historia fue diametralmente opuesta y rayó en la crueldad institucional.

Quienes acudimos desde el sábado a las 14:00 horas y durante todo el domingo –muchos de nosotros viajando de madrugada, invirtiendo recursos económicos y tiempo desde otras ciudades y estados para poder abrazar a nuestros hijos– nos topamos con las puertas cerradas. La única explicación fue una hoja de papel pegada en la entrada del edificio judicial, excusando la suspensión de labores por “causas de fuerza mayor e imprevistas, ajenas a su voluntad”, debido a un supuesto proceso de “sanitización” (término cuyo uso, dicho sea de paso, es desaconsejado por la propia Real Academia Española, que prefiere las voces válidas desinfección o higienización).

Esta irresponsable falta de aviso previo desató un auténtico caos en las puertas del juzgado, generando un daño psicológico irreparable en las niñas, niños y adolescentes (NNA). Al encontrarse el centro cerrado, diversos padres custodios que arribaron con los menores decidieron retirarse de inmediato, negando siquiera la oportunidad de mediar palabra con nosotros. Esto provocó confrontaciones y pleitos en plena vía pública, donde los niños presenciaron gritos y empujones; muchos de ellos lloraron espantados al ver cómo se les arrebataba violentamente la oportunidad de convivir con su padre o madre, todo mientras los guardias de seguridad del Poder Judicial se limitaban a decir que “no sabían nada” y bloqueaban el acceso. Nadie dio la cara y hasta este momento ningún funcionario asumió la responsabilidad.

Es inaceptable que el CECOFAM pretenda lavarse las manos escudándose en “situaciones imprevistas”. Si verdaderamente existiera voluntad y un mínimo de vocación de servicio, el personal habría tomado los expedientes y llamado por teléfono desde el mismo sábado a los padres programados para avisar de la contingencia. Esa simple cortesía procesal y humana habría evitado el desgaste económico, los enfrentamientos y, sobre todo, el impacto emocional y la revictimización de los menores.

Más aún, si el Poder Judicial del Estado de Veracruz realmente estuviera comprometido con el acceso a la justicia, habría implementado soluciones alternativas. Bastaba con instalar una carpa o un módulo de atención provisional en la entrada del edificio para garantizar, cuando menos, las convivencias de transición –aquellas en las que el padre no custodio recoge al infante para llevarlo consigo y reintegrarlo después–. Soluciones jurídicas y logísticas existían, pero a los trabajadores simplemente no les importó.

Nos preocupa profundamente que la excusa del “mantenimiento”, la “fumigación” o la mal llamada “sanitización” se convierta en una constante y en la salida fácil para evadir el cumplimiento de su deber.

Por lo anterior, exigimos al Tribunal de Disciplina Judicial que tome cartas en el asunto de manera inmediata y contundente. Solicitamos una investigación exhaustiva para deslindar responsabilidades, que se sancione administrativa y disciplinariamente a los funcionarios cuya omisión provocó este atropello, y que se ordene la reposición inmediata de todas las convivencias perdidas.

Es momento de que el Poder Judicial del Estado de Veracruz demuestre que el interés superior de la niñez, principio que tanto pregonan en sus sentencias y discursos, no es letra muerta ni un simple adorno retórico, sino una obligación constitucional que debe respetarse de lunes a domingo. Los derechos de nuestros hijos no pueden seguir siendo rehenes de la burocracia.