Una red de empresas dispersaba recursos de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) entre inmobiliarias y agencias de publicidad antes de pagar a profesores bajo conceptos ajenos a su labor, como servicios de publicidad, detectó la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).
El caso ya involucra a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Fiscalía General de la República (FGR), ante las cuales fueron presentadas las denuncias. El titular de la dependencia, Miguel Reyes Hernández, explicó que el esquema involucró alrededor de 280 millones de pesos administrados por la Fundación EDAL y ya fue denunciado ante las fiscalías estatal y federal por posibles delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Reyes Hernández recordó que la dependencia ya presentó las denuncias correspondientes por posibles delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por lo que la investigación quedó en manos de la Fiscalía General del Estado. “Nosotros ya cumplimos con lo que corresponde a la Secretaría de Finanzas y Planeación”, señaló el funcionario.
Reyes Hernández explicó que la investigación deberá establecer el origen, procedencia y trazabilidad de unos 280 millones de pesos que eran manejados por la Fundación para la Educación, Salud y Recuperación del Medio Ambiente (EDAL), A.C. La UPAV surgió en 2011 y fue administrada mediante Alianza para el Fomento del Aprendizaje y la Fundación EDAL, asociaciones utilizadas para recibir pagos de estudiantes y cubrir honorarios de instructores solidarios.
Durante la revisión, aseveró que la SEFIPLAN identificó operaciones en las que los recursos pasaban por inmobiliarias y agencias de publicidad antes de llegar a profesores, mecanismo que, de acuerdo con Reyes Hernández, deberá ser analizado por las autoridades ministeriales. “Ya nosotros pusimos la denuncia correspondiente, ya corresponde a la Fiscalía la investigación y el deslinde de responsabilidades”, afirmó.
Simularon contrataciones
El Secretario evitó anticipar posibles responsables o montos que pudieran considerarse ilícitos y sostuvo que serán las fiscalías las encargadas de resolver las denuncias y determinar si existieron delitos.
Aclaró que la revisión permitió detectar que el dinero no necesariamente llegaba de manera directa a quienes prestaban servicios para la UPAV, sino que pasaba por distintas empresas antes de cubrir pagos a trabajadores y docentes. “Les voy a poner un ejemplo. Una persona que trabajaba en UPAV, le pagaban a través de una agencia de publicidad con honorarios, su concepto era pago de publicidad”, explicó Reyes Hernández al describir uno de los mecanismos identificados.
Según el Secretario, la fundación recibía recursos de estudiantes y después los transfería a una inmobiliaria; ésta los enviaba a otra empresa del mismo giro y posteriormente el dinero llegaba a una agencia de publicidad, desde donde finalmente se pagaba a profesores. Para SEFIPLAN, esa ruta financiera debía ser investigada porque, además de dispersar los recursos mediante terceros, permitía que profesores y trabajadores no mantuvieran una relación laboral directa con la universidad.
El funcionario señaló que este mecanismo evitaba, entre otros efectos, la generación de antigüedad y obligaciones laborales para la UPAV, al tiempo que los fondos eran operados por empresas ajenas a la institución. “Es una red, digamos, de complejidad, efectivamente, que se está o se debe investigar”, afirmó. Añadió que corresponde ahora a las autoridades ministeriales determinar el origen, destino y legalidad de los recursos manejados mediante ese esquema.
Reyes Hernández indicó que SEFIPLAN presentó 2 denuncias distintas: una ante la Fiscalía General del Estado y otra ante la Fiscalía General de la República, relacionadas con posibles operaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada. “Nosotros ya hicimos la denuncia correspondiente a la Fiscalía, tanto local como federal de la República, por los delitos de delincuencia organizada y de lavado de dinero”, sostuvo.
Investigan destino de 280 mdp
El Secretario precisó que la investigación deberá establecer qué ocurrió con aproximadamente 280 millones de pesos administrados por la fundación EDAL, así como determinar su origen, procedencia y trazabilidad. “Son 280 millones de pesos que manejaba la fundación y que esos 280 millones de pesos deben de ser investigados en su origen, en su procedencia, en su trazabilidad”, señaló.
Añadió que, tras detectar el esquema, el Gobierno estatal modificó también la forma en que se administran los recursos de la UPAV. Afirmó que el dinero ya no será manejado mediante la asociación que anteriormente participaba en las operaciones financieras y que la administración pasará a realizarse de manera directa.
Como parte de los cambios, indicó que dejaron de cobrarse cuotas de mantenimiento a estudiantes y que la Secretaría de Educación asumirá esos gastos. También informó que se estableció una nueva categorización salarial para docentes y que el pago mínimo será de 70 pesos por hora. “Todo el manejo de recurso va a ser transparente porque antes se hacía a través de la asociación, ahora lo va a manejar directamente”, afirmó Reyes Hernández.