La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) aseveró que hay una profunda preocupación ante la aprobación de la reforma constitucional que establece la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas semanales en México.
Esta, expresaron los socios, es una decisión de alto impacto estructural que modfica de manera significativa las condiciones de operación del aparato productivo nacional.
Todas las cámaras del país se pronunciaron y reconocieron la importancia de mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores, pero dijeron que la reforma tal como ha sido aprobada carece de un diseño integral que considere plenamente la realidad operativa de las empresas, la heterogeneidad sectorial y el entorno de desaceleración económica que enfrenta el País.
Agregaron que el proceso legislativo ha derivado en un cambio que obligará a una reorganización profunda de turnos, procesos productivos y estructuras de costos, generando presiones adicionales sobre la competitividad nacional, particularmente en sectores intensivos en mano de obra y en las micro, pequeñas y medianas empresas que integran las cadenas de valor.
“La CANACINTRA sostiene que cualquier reforma laboral debe basarse en un principio de corresponsabilidad entre Estado, trabajadores y empresas, evitando trasladar de manera unilateral los costos de transición al sector productivo”.
Por ello, el sector industrial consideró indispensable: Diseñar incentivos fiscales temporales para la transición; establecer esquemas de flexibilidad sectorial y gradualidad diferenciada; impulsar programas nacionales de productividad, capacitación y digitalización.
Además reducir cargas regulatorias y costos de cumplimiento; fortalecer políticas de formalización laboral; “exhortamos a las autoridades a abrir un proceso de revisión técnica permanente que permita evaluar el impacto real de la reforma y realizar ajustes regulatorios oportunos, evitando efectos adversos sobre el empleo, la inversión y el crecimiento”.