Refinanciamiento de MAYL contempla operaciones de endeudamiento pagaderas en 50 años

La propuesta del gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, para la reestructuración o refinanciamiento de la deuda pública contempla operaciones de endeudamiento pagaderas en un plazo máximo de 50 años.

Lo anterior, contando a partir de la fecha en que se suscriban los contratos o se emitan los títulos respectivos, incluyendo los años de gracia para el pago de capital que en cada caso se convenga.

De acuerdo a su iniciativa de decreto, los diputados veracruzanos podrían avalar la celebración de una o varias operaciones para refinanciar y/o reestructurar las veces que sea necesario la deuda vigente por un monto de hasta 42 mil millones de pesos.



En 13 artículos, el Mandatario solicita a los legisladores locales que a través del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación celebre una o varias operaciones de endeudamiento, en los términos del Libro Quinto del Código Financiero para el Estado.

Igualmente solicita el permiso para la realización de los actos jurídicos que resulten pertinentes para llevarlas a cabo en los términos más convenientes para la entidad, a través de la emisión de obligaciones o de la suscripción de contratos de empréstito con las entidades del sistema financiero o personas morales mexicanas.

Sin embargo, señala entre las previsiones que las operaciones de endeudamiento que lleven a cabo serán pagaderas en un plazo máximo de 50 años, contados a partir de la fecha en que se suscriban los contratos o se emitan los títulos respectivos.



Además, se estipula que el destino de los recursos obtenidos por medio de las operaciones autorizadas será únicamente la reestructuración o refinanciamiento de la deuda pública.

Esto ya sea mediante el pago anticipado o mediante la modificación de los términos y condiciones de los contratos de crédito o de los títulos que se encuentren vigentes, así como para el pago de proveedores de servicio, la creación de fondos de reserva, el pago de penalidades por pago anticipado y la contratación de títulos o mecanismos de cobertura, entre otros gastos conexos de los financiamientos.

En ese sentido, establece que todas las autorizaciones contenidas en su Decreto estarán vigentes durante los ejercicios fiscales correspondientes al 2017 y 2018, es decir, sólo durante su bienio como gobernador de Veracruz.



En la justificación, Yunes Linares establece que podrán realizarse el número de operaciones que resulten pertinentes por medio de la emisión de títulos o de la suscripción de contratos de crédito con las entidades del sistema financiero mexicano o personas morales mexicanas, por hasta 42 mil millones, más gastos conexos de los financiamientos que podrán sumarse al monto de los mismos.

De acuerdo con el documento, las obligaciones financieras se fijarán con las tasas que más convengan a la Hacienda estatal, considerando las proyecciones que las agencias especializadas en el ámbito financiero tengan sobre el comportamiento futuro de los mercados mexicanos.

Yunes Linares argumentó que el proceso se realizará por etapas; la primera etapa, destaca la urgente reestructuración de los financiamientos para eliminar o modificar cláusulas de penalidades que han sido violentadas o que están a punto de violentarse en los primeros meses de 2017.



Alerta que esta situación podría generar la aceleración del pago de los mismos, y por automático interceptar la totalidad de las participaciones federales y flujos de efectivo que transitan por los mismos.

La segunda etapa, se enfocaría a la reestructuración o refinanciamiento de los créditos o emisiones bursátiles que están sobreaforadas o sobregarantizadas o con tasas innecesariamente más altas que las del mercado financiero.

Finalmente, al concluir las etapas 1 y 2, se podrá mejorar la calificación de crédito de la entidad, lo que permitirá reestructurar o refinanciar los adeudos financieros de manera integral, para mejorar el perfil crediticio de la entidad de manera sostenible.



En ese sentido, el Mandatario recuerda que el Estado tiene cuantiosos compromisos de deuda pública de largo plazo por el orden de 42 mil millones de pesos, además de los pasivos circulantes que aún están siendo revisados.

En específico, establece que de acuerdo con la información consignada en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, Veracruz tiene 21 obligaciones financieras constitutivas de deuda pública con un plazo promedio de 226 meses, que hasta el 30 de septiembre de 2016 registraban saldos pendientes cuya suma total ascendía a la cantidad de 41 mil 529 millones 580 mil 201 pesos.

Yunes Linares reconoce que pese a que se ha exhortado al Poder Ejecutivo para que deje de pagar las obligaciones crediticias de la deuda o incluso dejar sin efecto la adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, el incumplimiento de las obligaciones de pago a cargo del Estado resultaría perjudicial para la economía de la entidad y agravaría el problema.



De esta manera la iniciativa establece que se podrían contratar a las instituciones financieras y a cuantos proveedores de servicios especializados sean necesarios para reestructurar e implementar las operaciones financieras que deriven del Decreto.

Sería la titular de la Secretaría de Finanzas, Clementina Guerrero García, quien lleve a cabo la negociación de las operaciones en las mejores condiciones para la entidad y para acordar obligaciones de dar, hacer o no hacer, que se encuentren en el ámbito de sus atribuciones.

Además del título Tercero del Libro Quinto del Código Financiero para el Estado, también deberán de contemplar la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios.



Igualmente, el decreto contempla que los fideicomisos que se creen deberán sujetarse a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado.

En uno de sus artículos, también autoriza al Estado para que, de manera complementaria a la afectación de fondos federales, afecte, ceda y comprometa, sea o no de forma irrevocable, cualquier fuente de ingresos propios derivados de impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, o de sus respectivos accesorios, para destinarlos como fuente de pago, o garantía, o ambas.

Finalmente, todas las operaciones deberán reflejarse en los presupuestos de egresos y en las estimaciones de ingresos del Estado, así como en la contabilidad y en la cuenta pública, además, sus efectos sobre las finanzas públicas deberán contemplarse como parte del diagnóstico.