Reforma a la Ley del IPE debe garantizar certeza de una pensión digna

Ahora que los diputados locales analizarán y dictaminarán las reformas a la Ley de Pensiones para el Estado de Veracruz, producto de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al invalidar cuatro de sus artículos, lo hagan y voten para garantizar, en primer lugar certeza a los trabajadores de una pensión digna y que la institución tenga viabilidad financiera y jurídica que le permita una larga vida.

Esto lo dio a conocer Manuel Arellano Méndez, secretario general de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quien invitó a los legisladores del Congreso local a reflexionar, a que conozcan a fondo la Ley número 287 del IPE “para que en el seno de un debate rico y plural, que demuestren que hay conocimiento del tema se dictamine y se vote a favor de una iniciativa que cumpla con los dos factores que acabo de definir”.

- ¿Qué repercusiones pudiera tenerse en dado caso de no analizarse bien estos temas, cuando se dictaminará esa reforma de la ley del IPE? Se le preguntó.



- El tema del IPE no es un tema sencillo. Es complejo para opinar sobre ese asunto. Hay que conocer tendencias macroeconómica, fenómenos sociales, crecimiento de la población, aumento de la edad, cuestiones laborales, la nueva Ley de Educación, en fin; pero al fin y al cabo para definir estos artículos que son motivo de sentencia, pues hay una vía que es elemental: el IPE maneja sencillamente dinero; en lo filosófico, pues ampara y tutela a muchos trabajadores, en lo pragmático maneja dinero, recursos y la ruta está muy clara, para cubrir el monto de las pensiones, el Estado tiene que aportar cantidades superiores a los 250 millones de pesos mensualmente para cubrir el déficit, no alcanza con lo que aporta el Gobierno del Estado, en esta ruta, del aumento hasta llegar al 20% de la cuota que ellos tienen que aportar, y tampoco alcanza lo que otorgamos como trabajadores, no alcanza, es un hecho irreductible, es un hecho categórico, no alcanza el dinero para cubrir la nómina, debido a factores diversos, respondió.

Señaló que si los nuevos jubilados no cotizaran o cotizaran una cantidad menor del 12% pues la ley misma establece que cada cuatro años debe haber una revisión, haciendo una contabilidad de los años, se aprobó en julio del año pasado la ley, tocaría una revisión en el 2018, ahí tendrían que revisar.

“Si lo que dispone el Congreso local le da viabilidad financiera en el 2018, si no los diputados, el seno del Consejo Directivo (del IPE), todos los actores que tienen que ver con ello tendrán que hacer una revisión, debatir y ver si hay que hacer unas medidas correctivas para que la ley se mantenga fuerte y ante todo, el Instituto puesta otorgar las prestaciones en tiempo y forma y en la magnitud que tenemos actualmente, como lo estableció la pensión móvil. Entonces en el año del 2018 será motivo de una revisión y ver si estas medidas, repito, generan certeza o generan incompatibilidad de entre la realidad y lo que es la Ley, entonces cada cuatro años habrá que revisar”, añadió.



Por otro lado, rechazó que la resolución dada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación representa un duro revés para la Sección 56 del SNTE, al ser esta organización sindical la que propuso la mayor parte del articulado de dicha legislación e indicó que lo establecido en torno a la pensión móvil al 100 por ciento, el tope de pensiones, el hecho de que el Gobierno del Estado sea quien cubra los déficit por ley, no de manera voluntariosa, los tres años cotizando para gozar de una pensión por defunción o por incapacidad fueron propuestas de la sección 56, lo más tutelar, lo más benéfico o lo más sustantivo de la ley siga vigente.

Finalmente, dio a conocer que la Sección 56 del SNTE no hará ninguna propuesta para reformar la citada ley, es total competencia del Congreso local, pero si nos llaman, “con mucho gusto haremos algunas observaciones (…) y confío en que los diputados, con el conocimiento que tienen de la problemática social, con su sensibilidad, pues vean esta causa como una causa de los trabajadores y hagan las propuestas que sean de coadyuvancia para que el IPE tenga certeza en los trabajadores y que quienes somos derechohabientes tengamos la seguridad de que contaremos con una pensión digna, concluyó.