Reforma Electoral, irreversible; en caso Actopan, se actuó conforme a Derecho: Ríos Uribe

Con la ratificación de la reforma constitucional en materia electoral por parte de 126 Cabildos, su aprobación y su entrada en vigor es irreversible, afirmó Rubén Ríos Uribe, diputado presidente del Congreso del Estado, quien reiteró que en la sesión plenaria de este lunes se hará la declaratoria de validez para que sea promulgada.

Respecto a la controversia constitucional que analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el caso Actopan, aseguró que será sobreseída porque la revocación del mandato de José Paulino Domínguez Sánchez y Yazmín Palmeros Barradas, alcalde y síndica, respectivamente, está ajustada a Derecho.

El legislador de MORENA afirmó que con la reforma constitucional en materia electoral para el proceso comicial local 2020/2021, habrá un ahorro de 177 millones de pesos, toda vez que ya no se irán a las prerrogativas de los partidos políticos sino a los rubros de educación, salud y desarrollo social.



Recordó que una de las nuevas disposiciones constitucionales es la reducción del 50 por ciento de las prerrogativas a los partidos políticos y dijo entender la postura de los líderes partidistas que están molestos y defienden “los privilegios que han perdido” en esta nueva transformación social.

Adelantó su felicitación a los 126 Cabildos veracruzanos que ratificaron la reforma constitucional en materia electoral, porque fueron congruentes con el encargo popular que les confirió el pueblo.

“Sobre todo porque en esta situación de pandemia es importante mantener la austeridad republicana y no va acorde el derroche de recursos públicos. Nuestro compromiso es defender los intereses del pueblo de Veracruz, que el dinero se aplique de manera correcta a los sectores más vulnerables y que se acaben los privilegios que tenía una pequeña clase política y en este caso específico, las dirigencias de los partidos políticos”.



Expuso que el compromiso con el pueblo veracruzano era la austeridad de los partidos políticos y que las campañas no se hicieran con tanto derroche y con dinero de los ciudadanos.

Cabe mencionar que la reforma constitucional en materia electoral también elimina el número de Consejos Municipales para la elección de Ayuntamientos; reduce de 4 a 3 años el periodo constitucional de los Alcaldes con la posibilidad de una reelección hasta por dos periodos consecutivos; y que suprime la consulta pública para la permanencia en el cargo de los servidores públicos de elección popular, mismas que entrarán en vigor al siguiente día de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado y serán aplicadas para el proceso electoral local 2020/2021.

CASO ACTOPAN



El Congreso de Veracruz será respetuoso de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la controversia constitucional por la revocación del mandato a José Paulino Domínguez Sánchez y Yazmín Palmeros Barradas, alcalde y síndica del Ayuntamiento de Alto Lucero, dijo Rubén Ríos Uribe; sin embargo, aseguró que el caso será sobreseído porque la decisión que tomó el Pleno está ajustada a Derecho.

Manifestó que la 65 Legislatura esperará el fallo final de los Ministros de la Corte, toda vez el caso será analizado con mayor detenimiento.

Cabe recordar que en primera instancia, los Ministros suspendieron temporalmente el Decreto del Pleno de Diputados, aprobado el pasado 4 de marzo en sesión extraordinaria que revocó el mandato de ambos servidores públicos, en tanto el caso de analiza más a fondo para emitir la resolución final.



“Hay que esperar la resolución definitiva pero nosotros siempre actuamos en estricto apego a Derecho, por lo que consideramos que se va a sobreseer la Controversia Constitucional como se han sobreseído todas las que se han interpuesto en contra de la actual Legislatura”, añadió.

Asimismo, afirmó que en el caso del alcalde interino Eduardo Carranza Barradas, será el Cabildo de Actopan, en el marco de su autonomía, la instancia que habrá de tomar una decisión si permanece o no en el cargo.

Y de no llegar a un acuerdo, será el Congreso y las instancias jurisdiccionales quienes analicen lo que procede.



“Lo que sí puedo garantizar es que se actuará en estricto apego a la legalidad y conforme a Derecho”.