Reforma electoral para elección judicial desata choque por acusaciones de corrupción y nepotismo

La discusión de la reforma al Código Electoral para armonizar la elección judicial de 2028 derivó nuevamente en una confrontación entre los diputados Victoria Gutiérrez Pérez y Héctor Yunes Landa, quienes intercambiaron acusaciones de corrupción, nepotismo y cobros indebidos desde la tribuna del Congreso de Veracruz.

Luego del enfrentamiento, el Pleno aprobó con 35 votos a favor y seis en contra los ajustes al Código Electoral que precisan procedimientos para la evaluación y selección de aspirantes, la insaculación de candidaturas, la paridad de género, la organización de los comicios y la definición de las presidencias de los principales tribunales.

El intercambio comenzó después de que Gutiérrez Pérez, de MORENA, intervino por rectificación de hechos para responder a los cuestionamientos formulados por Yunes Landa durante la discusión del dictamen.

La legisladora acusó al diputado de corrupción y sostuvo que carecía de autoridad moral para cuestionar a otros integrantes del Congreso. También anunció que presentará una denuncia penal en su contra.

Yunes Landa respondió por alusiones personales y acusó a Gutiérrez Pérez de haber solicitado parte del salario de una excolaboradora y posteriormente sustituirla por una familiar, además de reiterar un señalamiento relacionado con su paso por el entonces Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
El diputado aseguró contar con documentos para respaldar sus dichos y posteriormente leyó desde la tribuna un escrito que, afirmó, recibió el 15 de mayo de 2026 de María Isabel Fernández Aldaña.

De acuerdo con la lectura realizada por Yunes Landa, la excolaboradora señaló que percibía un salario de 15 mil pesos mensuales y que Gutiérrez Pérez presuntamente le solicitó cinco mil pesos en distintos meses mientras trabajaba en su oficina.

El legislador también afirmó que la trabajadora fue dada de baja y sustituida por Nayeli Moreno Gutiérrez, a quien identificó como hija de la diputada.

“Eso se llama nepotismo”, sostuvo Yunes Landa, quien aseguró que difundirá el documento presentado ante el Pleno.

La discusión

Antes de que el debate derivara en confrontaciones personales, diputados de oposición cuestionaron distintos aspectos de la armonización electoral, entre ellos los criterios para evaluar aspirantes, la intervención de los poderes del Estado y el uso de la insaculación.

Yunes Landa advirtió una posible contradicción entre la Constitución local y la redacción del artículo 432 del Código Electoral respecto de los elementos que deberán considerarse para evaluar a los aspirantes.

El legislador señaló que mientras la Constitución establece criterios relacionados con honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales, el Código señala que los comités “podrán” tomar en cuenta algunos de esos elementos.

“Con esa redacción, cada comité podrá decidir si revisa los antecedentes de los aspirantes o simplemente los ignora”, cuestionó.

Montserrat Ortega Ruiz también se pronunció en contra del modelo de elección judicial y sostuvo que los ajustes mantienen la influencia política en el proceso para determinar quiénes podrán llegar a las boletas.

María Elena Córdova Molina, de Movimiento Ciudadano, cuestionó que, después de seleccionar a las cuatro personas mejor evaluadas para cada cargo, se recurra a una insaculación pública para reducir la lista a dos.

“Primero evalúan preparación, experiencia y trayectoria para encontrar a los mejores perfiles y después dejan que el azar decida quién sigue y quién se queda fuera”, señaló.

La diputada también criticó la intervención de los poderes del Estado en la aprobación de las postulaciones antes de que las candidaturas lleguen a las boletas.

Carlos Marcelo Ruiz Sánchez defendió el dictamen y sostuvo que la modificación busca trasladar al Código Electoral las disposiciones constitucionales para hacer operativo el proceso judicial.

El legislador del PVEM destacó que la paridad de género deberá definirse desde la convocatoria y que únicamente las cuatro personas mejor evaluadas por cada cargo podrán llegar a la insaculación.

Por MORENA, Felipe Pineda Barradas sostuvo que los ajustes darán certeza al procedimiento mediante plazos y mecanismos para la evaluación de aspirantes, la organización de los comicios y el cómputo de votos.

El dictamen establece que el Congreso deberá publicar, a más tardar el 30 de abril del año anterior a la elección, la convocatoria general dirigida a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para integrar las listas de candidaturas.

La convocatoria deberá contener los cargos a elegir, así como las etapas, fechas y plazos del procedimiento de evaluación, selección, insaculación, aprobación y remisión de postulaciones.

También deberá precisar desde el inicio la distribución de cargos entre mujeres y hombres y, en el caso de juezas y jueces de Primera Instancia, la materia o especialidad correspondiente.

Cada poder instalará un Comité de Evaluación que revisará a las personas aspirantes y conformará, para cada cargo, una lista con las cuatro mejor evaluadas.
Posteriormente, mediante insaculación pública, la lista será reducida a dos postulaciones, con observancia de la paridad de género y la especialidad correspondiente.
Las postulaciones deberán ser aprobadas por cada poder. En el Congreso se requerirá el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes; en el Ejecutivo resolverá la persona titular del Gobierno del Estado y en el Judicial, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

Los cambios también precisan que las personas juzgadoras en funciones que busquen competir por un cargo distinto deberán presentar una renuncia expresa e irrevocable antes de registrarse.

Quienes pretendan competir por el mismo cargo no estarán obligados a separarse.

El Instituto Nacional Electoral determinará la ubicación de las casillas y, cuando la elección judicial coincida con otros comicios, resolverá sobre su eventual coincidencia.

La jornada judicial deberá desarrollarse sin representantes de partidos políticos, sin afectar su participación en elecciones ordinarias concurrentes ni los derechos de observación electoral.

El Consejo General del OPLE Veracruz realizará la sumatoria final, declarará la validez de la elección y asignará los cargos conforme a los resultados y las disposiciones de paridad.

También establecerá el orden de prelación para la renovación de las presidencias del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con base en los votos obtenidos por las magistradas y magistrados electos.

En caso de empate, el orden se definirá mediante insaculación pública.

Una vez agotada la discusión, el Congreso aprobó el dictamen con 35 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones.