Reforma para eliminar fuero tendrá aval de municipios, prevé Alejandro Porras

La reforma constitucional en materia de eliminación de la inmunidad procesal penal de autoridades municipales de los 212 Ayuntamientos de Veracruz, una vez aprobada por el Congreso del Estado, tendrá el aval de más de 107 Ayuntamientos para que entre en vigor y se aplique de inmediato, garantizó el diputado local y presidente de la Comisión Permanente Instructora del Congreso del Estado, Alejandro Porras Marín.

Aseguró que, al aprobarse el decreto, correrán 30 días para la ratificación en los cabildos, y previó que la disposición para retirar el fuero constitucional a los ediles contará con el respaldo de la mayoría de los ayuntamientos.

Negó que se vaya a utilizar como venganza política la eliminación de la inmunidad procesal a los presidentes municipales, síndicos y presidentes de Concejos Municipales. Manifestó que Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) no se opone a quitar el fuero a la titular del Poder Ejecutivo como demanda la oposición, pero pidió que primero los opositores apoyen eliminar el fuero a los diputados federales y senadores, a lo que siempre se han negado. “La oposición se ha negado; eso también hay que decirlo. Aquí vienen a proponerlo, pero allá a nivel federal se negaron a votar a favor del desafuero de los diputados federales”.

El espíritu de la reforma es suprimir la declaración de procedencia (procedimiento de desafuero) como requisito previo para proceder penalmente contra las personas titulares de las Presidencias Municipales, de las Presidencias de Concejos Municipales y de las Sindicaturas. Esta figura constituye una condición para proceder penalmente respecto de determinados cargos, pero no implica una determinación sobre la existencia de un delito ni sobre la responsabilidad de la persona señalada.

Porras Marín recordó que solo nueve entidades federativas, entre ellas Veracruz, mantienen la figura del fuero en sus Constituciones locales. Explicó que, en los casos donde los ediles incurren en delitos, la autoridad ministerial debe solicitar al Congreso del Estado un juicio de procedencia para que se pueda actuar, lo que, agregó, mantiene prófugos a los alcaldes de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste, presuntos responsables de la comisión de ilícitos.

Por ello, reiteró la pertinencia de suprimir la declaración de procedencia como requisito previo para proceder penalmente contra los ediles señalados.