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Sección: Estado de Veracruz

Refutan dueños de verificentros a SEDEMA; hay grabaciones de extorsiones

- Concesionarios acusan a exdiputada Eva Cadena de pedirles 6 mdp

- Critican que Gobierno no emite decreto que establece las pruebas dinámicas como obligatorias

ngel Camarillo Xalapa, Ver. 07/09/2020

alcalorpolitico.com

Existen evidencias y grabaciones de actos de extorsión contra concesionarios de centros de verificación, aclaró el presidente de la Unión de Concesionarios de Centros de Verificación del Estado de Veracruz, Eduardo Mario Casares Sort de Sans.

Además refirió que existe un fundamento para promover el juicio político contra el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, por no dar cumplimiento al decreto 621 con fecha 29 de noviembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial del Estado.

A lo que añadió que desde el momento en que existe una solicitud de juicio político "ya hay un problema" y que, en el caso del Gobernador, este no ha aplicado dicho decreto a pesar de que lleva 22 meses de ejercicio constitucional.



"Desde el día que el señor Cuitláhuac llegó a ahorita llevamos 21, 22 meses y lo único que han hecho es agarrar la bolita y tirarla a Diego Castañeda, que es el secretario (sic) jurídico".

El decreto al que se hace alusión, el 621, modifica el artículo 3 fracción Ter y agrega una fracción, la XVI, al artículo 143 de la Ley Estatal de Protección Ambiental.

La fracción ter establece: "Centro de Verificación: Establecimiento autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente, que cuenta con las especificaciones de equipamiento, infraestructura, imagen y procedimientos para realizar una prueba de verificación estática y que, previa autorización, conforme a los lineamientos que al efecto expida la Secretaría, pueda modificar su figura jurídica a la de Verificentro y realizar también prueba dinámica



La fracción XVI señala que "Podrá autorizar a los Centros de Verificación que cumplan con los requerimientos establecidos en la normativa federal y estatal, el Programa de Verificación, la Sección III del Capítulo I del Título Quinto de la presente Ley y los lineamientos que al efecto expida, para que modifiquen su figura a la de Verificentro y así realizar la prueba dinámica".

La queja de los concesionarios para fundamentar el juicio político es que no se ha cumplido el decreto 621, contenido en el Transitorio 1.

Esto a la vez que el Ejecutivo del Estado expedirá o adecuará a la brevedad posible la reglamentación correspondiente en materia de verificación vehicular, así como los programas relacionados, conforme a las previsiones del presente decreto.



Lo que ha detenido que los centros de verificación no hayan mudado a la prueba dinámica, obligatoria de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-047-SEMARNAT-2014, a excepción de los automotores descritos como "inoperables en el dinamómetro" a decir de su fabricante.

Casares Sort de Sans explicó que durante la gestión de Víctor Alvarado Martínez como Secretario de Medio Ambiente y de Javier Duarte de Ochoa como Gobernador, la Federación impuso la obligatoriedad de la prueba dinámica en centros de verificación en el país, y por obviedad, en Veracruz.

Dijo que en los últimos del gobernador "interino" Flavino Ríos Alvarado se remite el decreto concerniente a la verificación al Congreso del Estado, a pesar de la oposición de un grupo de verificadores contra el citado resolutivo.



Acusó que a los concesionarios la entonces diputada Eva Cadena Sandoval envió a una intermediaria para negociar y solicitó seis millones de pesos para "sacar el decreto" referente a la transición de la prueba dinámica en Veracruz.

Incluso advirtió que cuenta con grabaciones que respaldan estas acciones; posteriormente el tema de la verificación lo abordó la diputada Rocío Pérez Pérez, hoy Secretaria del Medio Ambiente.

Eduardo Mario Casares agregó que personal de la Sedema actualmente en funciones ha incurrido en intentos de extorsión contra concesionarios del servicio de verificación, y que estas acciones han sido por órdenes de la Secretaria de Medio Ambiente.



Con todo y la exigencia de dinero de por medio, el Congreso avaló el decreto el 29 de noviembre de 2018, es decir, un día antes de la conclusión del ejercicio de Miguel Ángel Yunes Linares.

Cabe enfatizar que este lunes, la Secretaria del Medio Ambiente Rocío Pérez Pérez afirmó que no hay elementos para someter a juicio político al titular del Ejecutivo.

"No tenemos nada así que nos puedan señalar, hay un tema pendiente en el estado que es el tema de modificación de la Ley de Protección Ambiental y ese tema está en la Consejería Jurídica

y se debe consultar en Sefiplan por el impacto económico" había mencionado Pérez Pérez en entrevista.