Regidor Óscar Dorantes acusa abusos con multas de Policía Municipal de Ixtaczoquitlán

El cobro excesivo de multas por parte de la Policía Municipal y la opacidad en el manejo de los recursos recaudados por este concepto ocasionaron hartazgo social en Ixtaczoquitlán, lo cual podría escalar a conflictos para el Gobierno actual e incluso complicar a la próxima administración.

Lo anterior fue advertido por el regidor Óscar Maciel Dorantes durante la sesión de Cabildo celebrada la mañana de este miércoles, en la cual estuvo presente el alcalde Nahúm Álvarez Pellico. El edil alertó que las sanciones impuestas alcanzan las 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), violando el Artículo 21 constitucional, que establece que las multas por faltas administrativas no deben superar el salario diario del infractor. "Es decir, son aproximadamente 300 pesos. Sin embargo, en el municipio, ciudadanos humildes han sido obligados a pagar sumas que equivalen a varias semanas de su ingreso, lo que ha provocado indignación y hasta actos vandálicos como forma de protesta", señaló.

Maciel Dorantes vinculó el malestar social con la falta de transparencia en el destino de los recursos obtenidos mediante estas multas, pues al ciudadano no le entregan comprobante del pago que hicieron. "No se rinden cuentas, no hay cabildos abiertos y tampoco se informa sobre cómo se usan estos fondos", denunció, y puso de ejemplo casos como los ingresos de la tienda TIAMI y las contrataciones de obra pública, donde, aseguró, se ha negado información repetidamente a los regidores. "El ciudadano ya está harto y organizado. Si no corregimos esto, veremos más resistencia, observatorios ciudadanos y demandas", advirtió.



El Regidor exigió al Alcalde y al Cabildo reformar urgentemente el Bando de Policía y Buen Gobierno, que actualmente permite sanciones exorbitantes, incluso por faltas menores. "Estamos sentando un precedente peligroso: si no actuamos, la próxima administración heredará un problema social grave y una ciudadanía que ya no tolerará abusos", afirmó.

Finalmente, aseguró que la falta de claridad en el manejo de recursos y los cobros arbitrarios no solo han erosionado la confianza en el gobierno, sino que podrían derivar en acciones legales y protestas más organizadas.