Renuncian Alcaldesa morenista, Síndico y siete regidores de Acatlán, Puebla

La presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, presentó su renuncia al cargo, al igual que el síndico municipal y siete regidores, por lo que nueve de los 10 integrantes del Cabildo han formalizado su salida. Las renuncias fueron recibidas por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Puebla, que analiza el procedimiento correspondiente.

Entre quienes presentaron su renuncia se encuentran el síndico David Fernando Chico Rascón y los regidores Juliana Isabel Jiménez Velázquez, América Andrea Domínguez Juárez, Juan José Gómez García, Luis Escamilla González, Maricruz Bello Nacer, Lourdes Beatriz Maceda Loyola y María Cruz Sánchez Romero.

El único integrante del Cabildo que no ha presentado su renuncia es el regidor Jesús Reyes Ramírez. La información sobre las nueve renuncias fue reportada este miércoles por medios locales y deberá quedar formalizada conforme al procedimiento legislativo correspondiente. El municipio de Acatlán de Osorio está ubicado en la zona sur del estado de Puebla, en el corazón de la región conocida como la Mixteca Baja.



Crisis política
La salida ocurre después de varios meses de conflicto político en Acatlán de Osorio. El Congreso de Puebla informó el 3 de septiembre que su Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales había aprobado iniciar formalmente el procedimiento para determinar la revocación de mandato de la presidenta municipal, las regidurías y el síndico, dentro del expediente CGPC/HCE/001/2026.

El Legislativo precisó que en ese procedimiento también fueron incorporadas las solicitudes de revocación promovidas por las siete regidurías y el síndico, y que debía garantizarse el derecho de audiencia de las personas involucradas. Días antes, el Congreso había integrado un expediente sobre la situación del Ayuntamiento a partir de diversos escritos presentados por integrantes del Cabildo y de información aportada por la Secretaría de Gobernación estatal.

Antecedentes del conflicto
La disputa dentro del Ayuntamiento se intensificó desde junio, cuando integrantes del Cabildo aprobaron la salida de los titulares de Seguridad Pública y de la Secretaría General. En ese momento, la Alcaldesa cuestionó la legalidad de aquella sesión y sostuvo que los funcionarios continuaban en sus cargos. También denunció públicamente un intento de desestabilización de su administración.
Posteriormente, el Gobierno de Puebla informó que, después de una mesa de diálogo con autoridades municipales, se determinó la remoción de los titulares de Seguridad Pública y de la Secretaría General, además de otros acuerdos relacionados con salarios, auditoría de recursos municipales y la presentación de denuncias cuando existiera apariencia de delito.



La renuncia de los integrantes del Cabildo no equivale por sí misma a una resolución sobre las acusaciones o investigaciones existentes. El Congreso deberá determinar el procedimiento que corresponda para garantizar la gobernabilidad de Acatlán de Osorio. El presidente de la Comisión de Gobernación, Julio Huerta Gómez, señaló que los integrantes del Cabildo tendrán oportunidad de comparecer y presentar pruebas y alegatos. Posteriormente, la Comisión analizará el expediente y elaborará el dictamen que corresponda.

Entre los escenarios que se analizan se encuentra la eventual conformación de un Concejo Municipal, aunque su instalación requiere el procedimiento y la aprobación correspondientes del Poder Legislativo. El Congreso había advertido desde junio que el procedimiento de revocación debía resolverse con base en las pruebas y conforme a la Ley Orgánica Municipal, sin prejuzgar sobre responsabilidades.

Señalamientos pendientes
Durante el conflicto se han formulado acusaciones sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos, funcionamiento de la administración municipal y otros aspectos del gobierno de Bárcenas. Estos señalamientos corresponden a las partes involucradas y no deben presentarse como hechos acreditados mientras no exista una resolución de las autoridades competentes.
El propio Congreso de Puebla ha señalado que cualquier posible responsabilidad deberá determinarse mediante el análisis de pruebas y con respeto al derecho de audiencia.