Diputados federales de MORENA recibieron monederos electrónicos con recursos por 10 mil pesos, en una operación que ha generado cuestionamientos sobre el origen del dinero y su posible utilización en actividades políticas rumbo a las elecciones de 2027.
La entrega de las tarjetas se habría realizado entre integrantes de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, como parte de un mecanismo de distribución de recursos cuya justificación administrativa y destino deberán ser aclarados. La información difundida inicialmente apuntaba a que cada legislador habría recibido cinco tarjetas, con un saldo de 10 mil pesos cada una, lo que representaría hasta 50 mil pesos por diputado.
Sin embargo, posteriormente surgió una versión distinta desde la propia bancada, según la cual se habrían distribuido únicamente tres monederos por legislador, equivalentes a 30 mil pesos. La diferencia entre ambas cifras modifica sustancialmente el monto total de la operación, por lo que resulta necesario precisar cuántas tarjetas fueron entregadas y cuál fue el presupuesto utilizado.
La distribución de los monederos ocurre cuando MORENA comienza a organizar sus actividades políticas de cara a los comicios de 2027, en los que se renovarán diversos cargos de elección popular.
El momento de la entrega ha despertado interrogantes sobre si los recursos podrían tener alguna relación con las actividades de promoción política de los legisladores, particularmente de aquellos que buscarían participar en la próxima contienda. No obstante, hasta ahora no se ha acreditado que el dinero entregado a través de las tarjetas tenga como finalidad financiar precampañas o campañas electorales.
La bancada morenista ha defendido la distribución de los monederos al señalar que los recursos corresponden a prestaciones o prerrogativas de los legisladores, incluso bajo el argumento de que se trataría de un adelanto de asignaciones de fin de año. La explicación abre cuestionamientos sobre los mecanismos de comprobación, la naturaleza de los fondos y las condiciones bajo las cuales los diputados pueden disponer de ellos.
El asunto también pone sobre la mesa la necesidad de transparentar las asignaciones económicas que reciben los grupos parlamentarios, así como los criterios para su distribución entre sus integrantes. La aclaración sobre el número de tarjetas entregadas, el monto total ejercido y el fundamento presupuestal será determinante para establecer si la operación se ajustó a las disposiciones administrativas de la Cámara de Diputados.