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Sección: Estado de Veracruz

Reporta Ahued atención a 150 casos de presuntos despojos de propiedades

El Secretario de Gobierno no aclaró cuántas notarías han sido sancionadas; continúan revisiones

José Topete Xalapa, Ver. 17/11/2026

alcalorpolitico.com


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El Gobierno de Veracruz ha atendido a 150 personas por presuntos despojos de propiedades y ha logrado revertir operaciones inmobiliarias irregulares, informó el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, aunque no precisó cuántas de las 260 notarías del estado han sido sancionadas por su posible participación en estos casos.

Durante su comparecencia ante el Congreso local, este martes 17 de noviembre, el funcionario aseguró que continúa la revisión de notarías para detectar posibles irregularidades relacionadas con el denominado “cártel inmobiliario”, señalado por presuntas falsificaciones de escrituras, suplantación de identidad y alteración de documentos.

Ahued Bardahuil afirmó que las investigaciones se realizan en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial, y sostuvo que la administración estatal no protegerá a quienes estén involucrados en el despojo de inmuebles. "No somos omisos, ni somos corruptos", declaró ante los diputados durante la glosa del Segundo Informe de Gobierno de Rocío Nahle García.

El Secretario explicó que las 150 personas fueron atendidas directamente en Palacio de Gobierno por conflictos relacionados con la posesión o propiedad de sus bienes. También aseguró que se han revertido operaciones sobre inmuebles, aunque no detalló cuántas propiedades fueron restituidas ni los procedimientos utilizados.

Las declaraciones ocurrieron después de que diputados de MORENA, PVEM y PT exigieron conocer los resultados de la revisión de las 260 notarías de Veracruz, así como el número de inspecciones concluidas, irregularidades detectadas y procedimientos administrativos o penales iniciados.

La diputada de MORENA, Daniela Flores Barnils, cuestionó las medidas implementadas para atender a las víctimas y evitar que las denuncias queden sin respuesta. "¿Qué garantías puede ofrecer a las familias de que no habrá protección ni encubrimiento para nadie y de que las investigaciones avanzarán hasta esclarecer los hechos?", preguntó.

El coordinador del PVEM, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, solicitó un informe sobre las inspecciones realizadas a las notarías y las sanciones aplicadas. Recordó que el Gobierno estatal había previsto concluir las revisiones en diciembre de 2026. También planteó modificar la legislación notarial para establecer mecanismos que permitan a los propietarios conocer los movimientos registrados sobre sus inmuebles y detectar posibles operaciones fraudulentas.

Por su parte, la diputada del PT, Elizabeth Morales García, recordó que en agosto Ahued había reportado 106 audiencias ciudadanas relacionadas con posibles despojos, atendidas desde diciembre de 2025. De acuerdo con las cifras presentadas entonces, el 92 por ciento correspondía a conflictos entre particulares, mientras que el 8 por ciento registraba indicios de posibles irregularidades, como falsificación de documentos, identidades o poderes notariales.

Morales García pidió precisar cuántas notarías fueron inspeccionadas sin observaciones, cuáles presentaron irregularidades y en qué casos se iniciaron procedimientos administrativos. Además, propuso implementar un sistema de alertas mediante correo electrónico o teléfono celular para notificar a los propietarios cuando se intente vender, transferir o gravar un inmueble registrado a su nombre.

La Legisladora también cuestionó los mecanismos de verificación utilizados por la Secretaría de Gobierno antes de autorizar el apoyo de la fuerza pública en desalojos ordenados por autoridades judiciales. En su respuesta, Ahued Bardahuil reconoció la necesidad de modernizar el Registro Público de la Propiedad para evitar la manipulación de documentos y registros inmobiliarios.

Señaló que el archivo histórico contiene aproximadamente 48 millones de documentos cuya digitalización requeriría una inversión estimada de 60 millones de pesos. Aunque aseguró que las revisiones continúan y que se han recuperado propiedades, el funcionario no presentó un desglose de las notarías investigadas ni de las sanciones impuestas. Indicó que parte de la información solicitada por los legisladores sería entregada posteriormente.

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