Reporta Contraloría la emisión de 288 sanciones administrativas

La Contraloría General del Estado reportó la emisión de 288 sanciones administrativas derivadas de auditorías del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), revisiones internas, omisiones en declaraciones patrimoniales y denuncias ciudadanas.

En su comparecencia el funcionario fue cuestionado sobre las observaciones en el sector salud, entre otros presuntos actos de corrupción. Al respecto, el contralor Ramón Santos Navarro afirmó que este conjunto de sanciones refleja distintos tipos de faltas y procesos aún en curso.

“Tenemos un total de 288 sanciones que se han emitido por parte de la Contraloría, de manera que destacan, por negligencia administrativa 71; auditoría gubernamental 72, derivadas de ellas, auditorías directas. (Además), 13 por auditoría del órgano interno de control; 28 en omisión de presentación de declaración de situación patrimonial y de intereses; 25 por quejas y denuncia ciudadana”.



Durante su intervención, Santos Navarro informó que las observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública 2024 ascienden a mil 184 millones de pesos, concentradas principalmente en el sector Salud por recursos federalizados.

Indicó que “todavía no existe un daño patrimonial, todavía están en un proceso de aclaración”. Explicó que la Auditoría otorgó un primer plazo de 30 días para solventar y que “muy probablemente o muy posiblemente no se aclaren los mil 78 millones de pesos y de lo que quede todavía tienen hasta el mes de marzo para terminar de aclarar las observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación”.

En caso de que persistan inconsistencias, el contralor precisó que la Auditoría podría determinar daño patrimonial en abril y, de ser así, presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República o instruir a la Contraloría para colaborar en el procedimiento.



Santos Navarro señaló que la dependencia actúa como enlace con la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para el seguimiento de recursos federalizados y aclaraciones en dependencias estatales. Agregó que mantienen en análisis el cumplimiento de plazos y las documentales requeridas para solventar las observaciones vinculadas a salud, educación, obra pública y programas sociales.

Realizan cuestionamientos

El diputado Miguel Pintos pidió detallar qué acciones adoptó la Contraloría para recibir las funciones del IVAI, garantizar el acceso a la información y precisar si la desaparición del organismo representó un ahorro real.



Solicitó también el estado de los expedientes recibidos y el seguimiento a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, así como la distribución del contrato de mil 950 millones de pesos en obra pública entre empresas veracruzanas y foráneas. “¿Qué acciones llevó a cabo la Contraloría General del Estado para recibir las funciones del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y cómo garantizó continuidad institucional?”.

El diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, del Partido Verde, expuso riesgos de imparcialidad en la nueva estructura de transparencia, al señalar que la Dirección General de Transparencia deberá resolver recursos de revisión contra dependencias del propio gabinete estatal.

La diputada Montserrat Ortega, del grupo mixto Veracruz Nos Une, presentó casos de presuntos sobreprecios en obras de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. Señaló diferencias de costos en rehabilitaciones carreteras y discrepancias en obras educativas.



Preguntó qué verificaciones realiza la Subdirección de Auditoría de Obra Pública ante estas variaciones y qué acciones adopta la Contraloría frente a inconsistencias. Añadió observaciones sobre padrones sociales y cuestionó: “¿Qué está haciendo la Contraloría para que las dependencias no solamente dejen de mentir e inflen los padrones, sino que los publiquen?”.

La diputada Elizabeth Morales García, del Partido del Trabajo, solicitó información puntual sobre el seguimiento a observaciones del ORFIS, el número de sanciones derivadas, los reintegros logrados y las responsabilidades administrativas firmes. Pidió aclaraciones sobre las auditorías practicadas a programas para atender la violencia contra las mujeres y a refugios especializados.

El diputado Adrián Ávila, de Movimiento Ciudadano, centró sus cuestionamientos en las observaciones por daño patrimonial registradas en la Secretaría de Salud. Afirmó que el ORFIS detectó 830 millones y la Auditoría Superior señaló mil 708 millones de pesos adicionales, además de mil 195 millones en una auditoría forense de 2023.



Preguntó cómo se integran estos montos, qué irregularidades predominaron y en qué etapa se encuentran las solventaciones. También pidió información sobre empresas observadas que continúan recibiendo contratos, incluidas las relacionadas con servicios de limpieza hospitalaria, así como el papel de la Contraloría en la prevención de reincidencias.