Veracruz reportó un incremento del 12.41 por ciento en el hallazgo de tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos durante 2025, en comparación con el año anterior, según datos del Observatorio Ciudadano IGAVIM. La entidad pasó de 145 perforaciones ilegales en 2024 a 163 en 2025, lo que representa, en promedio, una toma detectada cada dos días y seis horas.
El comportamiento estatal contrasta con la tendencia nacional. Mientras en el país se registró una disminución general del 10.25 por ciento en este delito, Veracruz mostró un crecimiento que lo mantiene entre las entidades con mayor actividad relacionada con la sustracción ilegal de hidrocarburos.
A nivel municipal, el problema se concentra principalmente en Tierra Blanca, donde se contabilizaron 26 tomas clandestinas durante 2025. Esta cifra coloca al municipio como el cuarto con mayor incidencia en el país, posicionándolo como el principal foco rojo en la entidad.
En segundo lugar se encuentra Tuxpan, con 13 perforaciones ilegales registradas, seguido de Sayula de Alemán, que reportó 11 casos. Estos tres municipios concentran una parte significativa de las detecciones en el estado.
El incremento ocurre en un contexto donde otras entidades con antecedentes relevantes en el llamado “huachicol” han logrado reducciones moderadas. En contraste, Veracruz mantiene una tendencia al alza, lo que evidencia la persistencia del fenómeno en zonas estratégicas por donde atraviesan ductos de transporte de hidrocarburos.
Más allá del impacto económico para la empresa productiva del Estado, las tomas clandestinas representan un riesgo para la seguridad de las comunidades cercanas. Las perforaciones ilegales pueden provocar fugas, incendios o explosiones, además de generar afectaciones ambientales en áreas rurales y periurbanas.
Los datos reflejan que, aunque el promedio nacional muestra una baja, el comportamiento en Veracruz exige una revisión puntual de las estrategias de vigilancia, coordinación y prevención. Con 163 tomas registradas en un año, la entidad enfrenta el desafío de frenar el crecimiento de este delito y reducir los riesgos asociados a la operación de redes dedicadas al robo de combustible.