Reprueban regreso al cargo del Jefe de Jurisdicción Sanitaria de San Andrés Tuxtla

“La salud pública en Veracruz, secuestrada por la política”

En un hecho tan desconcertante como indignante, el Secretario de Salud de Veracruz nombró el pasado 16 de mayo a un médico con 25 años de servicio ininterrumpido como Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 10 con sede en San Andrés Tuxtla, sólo para retirarlo del cargo al día siguiente sin explicación alguna, devolviendo la posición a su antecesor, un funcionario ampliamente cuestionado por su falta de resultados y vínculos políticos evidentes.

El médico designado cuyo nombramiento fue firmado oficialmente por el Secretario de Salud del Estado ha forjado su carrera con base en el trabajo de campo, el compromiso con las comunidades más vulnerables y una ética profesional hacia la salud. La decisión de colocarlo al frente de la jurisdicción fue recibida con entusiasmo por parte del personal de salud y representantes locales, quienes vieron en él una esperanza de reorden y eficiencia en la gestión sanitaria regional.



Pero el entusiasmo duró poco. En menos de 24 horas, el nombramiento fue revertido. Sin proceso formal, sin argumentos técnicos, sin una justificación pública. Sólo el ruido una vez más de las decisiones tomadas en lo oscuro, por razones ajenas al interés colectivo. La salud, que debería ser un campo gobernado por criterios técnicos, experiencia profesional y principios éticos, fue nuevamente entregada como ficha de cambio en un tablero de intereses políticos.

El mensaje es demoledor: en Veracruz, incluso un sector tan delicado y vital como el de la salud puede ser manejado con la misma lógica de lealtades, amiguismos y favores que ha podrido otras áreas del servicio público. No importan los años de entrega. No importa la trayectoria. No importa el impacto comunitario. Lo que pesa es la cercanía con el poder, aunque esa cercanía no cure, no sane, no transforme.

Quienes realmente conocen la realidad sanitaria de la región saben que esta decisión no se trató de corregir una falla, sino de mantener el control político de una jurisdicción clave.



La pregunta es directa: ¿cuánto más se puede degradar el ejercicio público antes de que la ciudadanía reclame lo que le pertenece? ¿Cuántos profesionales más tendrán que ver su trabajo ignorado por no formar parte del juego de los favores?

Cuando los gobiernos le dan la espalda al mérito y a la ética, lo que ponen en riesgo no es sólo la moral institucional: ponen en riesgo la vida de las personas. Y eso no es un error administrativo. Es una traición.