Requiere México tribunal que proteja derechos del consumidor

Para atender problemas como el abuso de empresarios y prestadores de servicio en el precio de las tortillas, gas o teléfono, por mencionar algunos, en nuestro país se requiere de la protección jurisdiccional de los derechos supraindividuales, colectivos y difusos, es decir un tribunal que proteja los derechos del consumidor, propuso Rosario Huerta Lara, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UV.

En entrevista exclusiva con este medio electrónico, la catedrática de la Facultad de Derecho, explicó que éstos son derechos humanos de segunda y tercera generación, junto con los de salud, educación y protección al medio ambiente, mujeres, niños y ancianos, es decir los colectivos, y dentro de éstos, están los difusos, es decir que son de todos y de nadie, y se quedan como meras declaraciones porque no hay un organismo que los protejan en México, como ya lo están haciendo en España.

Huerta Lara explicó que la Procuraduría Federal del Consumidor, es un organismo limitado, dependiente de las políticas e instrucciones del Poder Ejecutivo y sin un poder para hacer cumplir sus sentencias, a diferencia de lo que hacen los miembros del poder judicial, que pueden hacer uso de la fuerza pública, pues todos los días empresas o agencias de viajes venden servicios o productos que no cuentan con lo que uno pagó por ellos.

Respetuosa, la abogada explicó que en el trabajo que está preparando es la urgencia a una reforma constitucional y al Código Civil federal y lo propio en el de Veracruz para garantizar la protección de este derecho al consumo, e incluso sugirió que debería agregarse esta propuesta a la reforma que se está haciendo del Poder Judicial del Estado.

En otro orden de ideas, la estudiosa del derecho dijo que una acción similar debería hacerse con las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en materia laboral y que las propias comisiones estatal y nacional de derechos humanos, debería observar estos asuntos, pues aunque no tienen un poder coercitivo, es decir sólo son fuerzas morales, y estas observaciones dejan al albedrío de las autoridades si las aceptan o no.