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Sección: Estado de Veracruz

Restituye Fiscalía propiedad a víctimas de despojo en colonia Del Maestro, en Xalapa

El caso está relacionado con las investigaciones sobre el denominado “cártel inmobiliario”

José Topete Xalapa, Ver. 20/09/2026

alcalorpolitico.com

La Fiscalía General del Estado (FGE) restituyó a sus propietarios un inmueble de la colonia Del Maestro, en Xalapa, como parte de la investigación contra una presunta red dedicada al despojo de propiedades mediante documentos y procedimientos judiciales irregulares. La entrega fue realizada por agentes de la Policía Ministerial en cumplimiento de una resolución judicial. Durante la diligencia, las autoridades verificaron las condiciones del inmueble y entregaron de manera material y formal la posesión a las víctimas.

El caso está relacionado con las investigaciones sobre el denominado “cártel inmobiliario”, al que la Fiscalía atribuye un posible esquema para obtener propiedades mediante juicios civiles, contratos, poderes notariales y otros documentos. De acuerdo con las indagatorias, la presunta red habría identificado inmuebles en litigio o pertenecientes a personas en situación de vulnerabilidad para posteriormente promover procedimientos con los que buscaba obtener su posesión.

La fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, ha señalado que una de las líneas de investigación apunta a la posible simulación de juicios civiles para conseguir resoluciones que posteriormente eran utilizadas para ocupar las propiedades. Las investigaciones también consideran la posible intervención de prestanombres y de personas encargadas de ejecutar los desalojos.

El 9 de septiembre, como parte de las indagatorias, la FGE realizó 3 cateos en distintos puntos de Xalapa, donde aseguró vehículos, expedientes civiles y mercantiles, instrumentos notariales, identificaciones y mobiliario. Por este caso, Miguel Isaac “N”, Pedro Damián “N”, Ges Miguel “N” y David “N” fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de fraude y fraude procesal.

Un juez les impuso prisión preventiva justificada y fijó un plazo de un año y 3 meses para el desarrollo de la investigación complementaria. La Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias para establecer el alcance de la presunta red, determinar la participación de otras personas y ubicar bienes que pudieran estar relacionados con los despojos.