Reveriano Marín defiende iniciativa para sancionar acusaciones falsas contra docentes

La iniciativa de reforma al Código Penal de Veracruz para sancionar con penas de 4 a 9 años de prisión y multa de 100 a 500 días de salario mínimo a quien presente acusaciones falsas en contra docentes, no va en contra de los protocolos que protegen a niños y adolescentes, dijo José Reveriano Marín Hernández.

El diputado local y presidente de la Comisión Permanente de Educación y Cultura del Congreso del Estado y autor de la propuesta, expuso que los niños siempre deberán ser protegidos y si hay algún abuso que se actué con todo el rigor de la Ley.

Manifestó que, tras una denuncia, la autoridad actúa conforme a los protocolos, separa al profesor, lo pone a disposición e inicia la investigación, pero cuando se comprueba que no hubo culpabilidad, el docente queda en estado de indefensión, con su reputación y calidad profesional dañadas, sin reparación del daño.

“La prioridad es establecer un equilibrio en la comunidad educativa, porque desafortunadamente hay muchos señalamientos para maestros y trabajadores de la educación, que se ha llegado a comprobar que son infundados, falsos; que se ha actuado con dolo y mala fe (…) hasta ahí se queda, es decir, no pasó nada”.

Agregó que se busca que los profesores tengan la posibilidad de defenderse cuando se compruebe que no hay culpabilidad, pues quedan en estado de indefensión, con su reputación y calidad profesional dañadas, sin reparación del daño.

“El maestro debe ser una autoridad en el plantel educativo. Hoy, por miedo a denuncias falsas, muchos docentes evitan llamar la atención, pedir tareas o intervenir en conflictos. Eso provoca que se incremente el acoso escolar y hasta agresiones físicas. Necesitamos que realicen su labor en un clima de tranquilidad”, subrayó.

La iniciativa presentada es agregar al Código Penal el Artículo 333 Bis, “a quien formule ante una autoridad administrativa, de supervisión profesional o judicial, una queja o denuncia de manera dolosa en contra de los docentes, directivos o personal de apoyo y asistencia a la educación en ejercicio de una actividad educativa, imputándole hechos falsos o inexistentes en el desempeño de su profesión o función, se le impondrá una pena de 4 a 9 años de prisión y multa de 100 a quinientos días de salario mínimo”.

Insistió que cuando haya un abuso se actúe con todo el rigor de la Ley, pero cuando no lo hay y se actúa falsamente, por dañar la imagen de algún trabajador, que también haya consecuencias legales.