El secretario general de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y diputado local, José Reveriano Marín Hernández, planteó que los padres de familia que presenten denuncias falsas contra docentes deben enfrentar consecuencias legales y los afectados tendrían que ejercer acciones en su contra, en caso de que se compruebe que las acusaciones no tienen sustento.
Al pronunciarse sobre el caso conocido como “Lady Croquis”, en Martínez de la Torre, donde la madre de familia Karina “N” confrontó al maestro José “N” por una actividad escolar de elaboración de croquis en la escuela primaria “Luis Donaldo Colosio”, el dirigente sindical cuestionó que el profesor fuera separado temporalmente de sus funciones y puesto a disposición de un procedimiento administrativo tras los señalamientos.
“Debe haber consecuencias de ello: quien denunció falsamente, que ahora el docente tenga el derecho a ejercer una acción en contra”, sostuvo el Legislador, quien anunció que buscará impulsar el avance de la iniciativa que presentó hace aproximadamente 3 meses para establecer consecuencias contra quienes interpongan denuncias falsas en contra de los profesores.
Actualmente, dijo, cada vez hay más casos como este, donde un profesor es acusado por padres de familia, esto cuando ambos tendrían que trabajar de la mano en el marco de los planes y programas educativos.
Marín Hernández cuestionó que, ante un señalamiento, se ponga de inmediato a disposición de un procedimiento administrativo al docente, pues consideró que los protocolos deben revisarse para evitar que se vulnere el derecho a la presunción de inocencia antes de determinar si existe alguna responsabilidad.
“No es posible que de una actividad que se deriva de planes y programas que va enfocado a la formación de los niños, a alguien no le parezca y en un cuestionamiento de los por qué de inmediato se actúe, se pone en evidencia al maestro y el derecho del principio de presunción de inocencia ¿dónde queda?”, cuestionó.
El dirigente sindical defendió la actividad que dio origen a la polémica y explicó que la elaboración de croquis es un ejercicio que se realiza cada año en las escuelas para que los alumnos desarrollen habilidades de ubicación espacial y temporal. Rechazó que se trate de una ocurrencia del profesor y sostuvo que forma parte de la formación básica de los estudiantes. “Los que somos maestros sabemos que eso se hace cada año y tiene una finalidad: la ubicación espacio temporal de todos los niños y niñas”, afirmó.
Para ilustrar el propósito de estas actividades, señaló que en segundo grado también se enseña a los alumnos a leer el reloj y relacionar los horarios con sus actividades cotidianas, como calcular a qué hora deben salir de casa para llegar a la escuela o cuándo regresarán a la misma. A su juicio, estos ejercicios tienen objetivos educativos que deben conocerse antes de cuestionar el trabajo docente.
El Diputado insistió en que, si existen otras acusaciones contra un maestro, deben presentarse pruebas y no limitarse a señalamientos públicos que puedan afectar su reputación y trayectoria profesional. “Porque no es posible que crucifiquen a los maestros”, expresó.
Marín Hernández aseguró que no se trata únicamente del caso de Martínez de la Torre, sino de una situación que, desde su perspectiva, se ha repetido en otros lugares, por lo que consideró necesario revisar tanto los procedimientos administrativos como los mecanismos de atención a las quejas dentro de las escuelas.
Advirtió que una denuncia sin fundamento puede afectar a un trabajador de la educación con 10, 20 o hasta 30 años de servicio, mientras que la sola presentación de una acusación puede activar procedimientos contra el docente sin que necesariamente existan consecuencias para quien lo señaló. “Una denuncia sin fundamento destruye una trayectoria de 10, 20, 30 o más años”, afirmó.
Sobre la iniciativa que presentó en el Congreso local para atender esta problemática, el Legislador dijo que buscará a la comisión encargada de dictaminarla para conocer su avance e impulsar su aprobación. Dicha iniciativa tiene como objetivo salvaguardar los derechos de los docentes ante situaciones como esta y permitir que estos actúen legalmente contra quienes los acusaron sin pruebas.
El dirigente de la Sección 56 sostuvo que la defensa del magisterio no significa dejar de lado los derechos de niñas y niños, sino garantizar que las inconformidades se investiguen con sustento y que exista equilibrio entre la protección de los estudiantes y las garantías de los trabajadores de la educación.
También llamó a fortalecer la relación entre padres de familia y docentes, al considerar que la formación de los alumnos requiere colaboración entre ambos y respeto a las responsabilidades que corresponden a cada parte.