Revocación de mandato, asunto ético y de voluntad democrática: Manuel Huerta

En medio del debate nacional sobre la figura de Revocación de Mandato, incluida en la iniciativa del Plan B en materia electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara advirtió que su implementación en los estados no sólo depende de marcos legales, sino de una convicción ética y de compromiso con la democracia.

Al ser cuestionado sobre la falta de avances en el Congreso local para legislar en la materia, el Legislador señaló que, si bien las entidades tienen autonomía, el tema trasciende lo jurídico. “Los congresos y los estados tienen su autonomía. Es un tema de principios, es un tema ético y es un tema de voluntad democrática”, expresó.

Huerta Ladrón de Guevara consideró que, más allá del concepto tradicional de revocación de mandato, la propuesta impulsada desde el ámbito federal apunta hacia una “rectificación de mandato”, la cual, dijo, permitiría refrendar el respaldo ciudadano hacia los gobernantes.

“Más que revocación, va a ser una rectificación de mandato y eso es vital porque da la fuerza para enfrentar cualquier cosa que tenga que enfrentar dentro o fuera del País; es refrendar la voluntad popular”, sostuvo.

El Senador también criticó la falta de disposición de algunos gobiernos estatales para avanzar en este mecanismo de participación ciudadana, al señalar que no han comprendido los cambios políticos que vive el País. “No han entendido muchos que el pueblo ya no es como antes y que ya no estamos en los tiempos del viejo régimen, ya es un proceso de transformación”, afirmó.

En ese contexto, destacó el caso del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, a quien reconoció por haber impulsado este ejercicio, aun cuando, dijo, no se logró con la contundencia esperada. “Tuvo la capacidad autocrítica de corregir posturas, errores, como el nepotismo, como estas cosas que luego muchos gobernantes de manera soterrada o abierta la tienen”, puntualizó.

Finalmente, el Senador veracruzano reiteró que la decisión de no legislar sobre la revocación de mandato en algunos estados quedará bajo el escrutinio ciudadano, al tratarse de un mecanismo que refleja la relación directa entre el gobierno y la voluntad popular.