El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Esteban Bautista Hernández, afirmó que cualquier eventual proceso de revocación de mandato contra la Gobernadora Rocío Nahle García tendría que cumplir primero con el requisito legal de reunir alrededor de 750 mil firmas ciudadanas.
El coordinador de la bancada de MORENA sostuvo que, hasta ahora, el Congreso local no ha recibido una solicitud formal que cumpla con los requisitos previstos en la legislación, por lo que no existe un procedimiento en curso. “En Veracruz son casi 7 millones y medio de electores. De ese padrón tienen que reunir el 10 por ciento, que son alrededor de 750 mil firmas. Si las traen acreditadas ante notario público, nosotros ‘le damos para adelante’. No hay motivo para impedirla porque sería pisotear la Ley nosotros mismos”, declaró.
Bautista Hernández fue cuestionado sobre los llamados que algunos actores políticos y sociales han hecho para impulsar una revocación de mandato en la entidad. Ante ello, señaló que el Congreso no puede actuar sólo a partir de pronunciamientos públicos, sino con base en una solicitud acompañada de los documentos requeridos. El Legislador recordó que hace algunos meses un activista acudió al Congreso local para plantear la posibilidad de promover ese mecanismo de participación ciudadana; sin embargo, dijo que no se acreditó el respaldo ciudadano necesario.
El Presidente de la JUCOPO rechazó que corresponda al Poder Legislativo promover una revocación de mandato, al señalar que ese trámite depende de quienes buscan impulsarlo y de que acrediten las firmas establecidas actualmente por la Ley. “Si alguien la presenta con todos los requisitos, con todo gusto. Pero no es trabajo del Congreso promoverla; nosotros procesamos lo que nos llega conforme a la Ley”, detalló.
Bautista Hernández insistió en que el Congreso estaría obligado a dar trámite a una solicitud que cumpla con los requisitos legales, pero reiteró que esa condición no se ha cumplido. El morenista añadió que negar el trámite a una solicitud debidamente acreditada implicaría actuar contra la propia legislación, aunque remarcó que ese escenario no existe actualmente porque no se han presentado las firmas requeridas.