Rige “doble orden” en México: el del Gobierno y el del crimen: Mendoza Alvarado

En la región del Golfo de México, los ciudadanos son súbditos de un “doble orden”: el del Gobierno “legal y corrupto” y el del crimen organizado, alertó el sociólogo e investigador, Arturo Alvarado Mendoza.

“Entonces estamos sujetos a esta suerte de orden criminal en donde los ciudadanos vivimos en un doble orden: no somos ciudadanos de un Estado, (…) somos súbditos de un orden político, legal, electoral deficiente y corrupto y somos súbditos de otro orden criminal, muy eficiente”, refirió al dictar ponencia dentro del Foro "Tiempos de cambio: movimientos sociales, democracia y políticas públicas" de la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU).

“Las dimensiones de este orden criminal incluyen varios temas: bandas criminales, control de la policía, control y ejercicio particular de la violencia, prácticas de ‘justicia’ informal, cinismo legal de parte de las autoridades”.

A esto, agregó la interacción del crimen con la autoridad en un contexto de un “oligopolio” con varios servidores privados y públicos, legales o ilegales.

“En ocasiones la presencia de una organización criminal y una coalición política son dominantes, como en el norte de Tamaulipas y el ejemplo de dos gobernadores”, dijo en alusión a Javier Duarte de Ochoa de Veracruz (2010-2016) y Andrés Garnier de Tabasco.

Alvarado Mendoza, galardonado con la Medalla Nacional al Mérito Universidad Veracruzana, añadió que esto se refleja en las disputas por el territorio con la posterior creación de autodefensas, movimientos indígenas y colectivos de personas desaparecidas.

El ponente advirtió que en el Golfo de México se impuso no sólo un “nuevo orden político” sino uno criminal, en una tendencia creciente desde la década de 1990 a 2000.

“¿Por qué y cómo la violencia que ha surgido en estos territorios podría estar produciendo parte de estos cambios, de esta destructuración que se está viendo en la región?”, presuntó.

Citó de ejemplo los arrendamientos “lícitos” de bienes de particulares y gubernamentales, como de “rentas ilícita” en cuanto al robo de gas, petróleo y demás delitos: extorsión, secuestro, desplazamiento forzado de poblaciones, destrucción de bienes públicos y privados, los asesinatos, desapariciones y masacres, aparte de la piratería, invasiones, lavado de dinero, narcotráfico y otros similares.

"Se ha desarrollado una nueva élite económica y coalición política alrededor de estas empresas del crimen y una nueva violencia política" aseveró el investigador.