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Sección: Estado de Veracruz

Roberto Ixtla usó a su madre para cometer fraude y despojo: Antonio Burillo

- El empresario insistió en su acusación contra el Alcalde de Jalcomulco

- “Él y yo sí nos conocemos y sí hay un tema contractual”

Claudia Montero Xalapa, Ver. 30/07/2026

alcalorpolitico.com


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Luis Antonio Burillo Arenas aseguró que el alcalde de Jalcomulco, Roberto Ixtla, mintió al negar cualquier relación con la compraventa de una vivienda valuada en 3 millones 500 mil pesos y presentó como respaldo una promesa de compraventa protocolizada ante notario, capturas de mensajes atribuidos al edil y comunicaciones de la abogada Mayra Rodríguez Silva, quien, afirmó, lo buscó para intentar llegar a un acuerdo horas después de que hiciera pública su denuncia.

El empresario respondió así a las declaraciones emitidas un día antes por el Presidente Municipal, quien sostuvo que no existe ningún contrato a su nombre y que ni siquiera mantiene una relación con el denunciante. Sin embargo, Burillo sostuvo que la documentación notarial demuestra que sí existió una operación de compraventa y explicó que el contrato quedó a nombre de Rosalba Campuzano Flores, madre de Roberto Ixtla, por petición del hoy alcalde. “Está muy desajustado de la realidad, porque él y yo sí nos conocemos y sí hay un tema contractual, que es una promesa de compraventa que se realizó”, afirmó.

El documento exhibido corresponde a una promesa de compraventa protocolizada el 8 de octubre de 2025 ante la Notaría Pública número 22 de Emiliano Zapata, a cargo de la notaria Mayle Hernández Rojas. En ese instrumento jurídico aparece como promitente vendedor Luis Antonio Burillo Arenas y como promitente compradora Rosalba Campuzano Flores. Asimismo, establece un precio de operación de 3 millones 500 mil pesos y un calendario de pagos pactado entre las partes.

Burillo aseguró que, aunque el contrato quedó a nombre de la madre del alcalde, toda la negociación fue realizada directamente por Roberto Ixtla, quien para esa fecha ya era alcalde electo de Jalcomulco. “Efectivamente, porque en toda esta situación él puso el contrato de promesa de venta a nombre de su mamá. Lo único que pidió unas horas antes de que se realizara la promesa de venta fue que fuera a nombre de su mamá porque no quería tener una situación que pudiera complicarle alguna situación jurídicamente hablando”, sostuvo.

Añadió que fue el ahora alcalde quien acudió personalmente a conocer el inmueble, negoció la operación y realizó los pagos que sí llegaron a concretarse. “Él fue el que hizo los dos pagos vía transferencia, fue el que entregó el efectivo, aunque desfasado de las fechas acordadas; fue el que visitó la casa. Al final él tuvo todo que ver”, afirmó.

El empresario también desmintió otra de las declaraciones del edil, quien aseguró que no tenía comunicación con él. Como parte de las pruebas, mostró capturas de pantalla de WhatsApp en las que se observa que, minutos después de concluir la conferencia de prensa donde denunció públicamente el caso, recibió una llamada perdida de un contacto identificado como Roberto Ixtla.

Posteriormente, dicho contacto le envió varios mensajes, entre ellos: “Oyes wey no mams”, “Cuando puedas márcame”, “Yo me quedé que iban agarrar obra”, “Si quieren lana sin pdo” y “Les pago”. Minutos después, de acuerdo con las capturas, esos mensajes fueron eliminados y posteriormente recibió uno nuevo en el que el alcalde escribió: “Cuando gustes me dices nos sentamos a platicar y solucionamos el tema de ya. Yo me quedé con la última conversación que tuvimos.”

Burillo aseguró que antes de borrar los mensajes recibió amenazas, de las cuales dijo conservar evidencia. “Sí me habló. Como 15 minutos después de que terminamos la conferencia me llegaron unos mensajes donde me amenazaba de que tuviera cuidado, que las cosas así como se estaban haciendo no eran, y posteriormente los borró y me mandó otro mensaje. Todo eso tengo capturas de pantalla”, declaró.

Asimismo, dio a conocer que horas después fue contactado por la abogada Mayra Rodríguez Silva, quien dijo representar legalmente a Roberto Ixtla. En otra conversación de WhatsApp presentada por el empresario, la litigante le escribió: “Hola buenos días, soy la licenciada Mayra Rodríguez Silva, abogada de Lic. Roberto y me gustaría saber si existe la posibilidad de que realicemos una llamada con la finalidad de llegar a un acuerdo en el proceso que se está llevando en contra de Lic. Roberto.”

Burillo confirmó que aceptó dialogar con la intención de resolver el conflicto, aunque finalmente no hubo acuerdo. “Se comunicó conmigo una abogada que es por parte de un despacho que lo está representando y me dijo que platicáramos para llegar a un acuerdo, a lo cual yo accedí porque también quiero cerrar este ciclo y tener tranquilidad sobre mi patrimonio”, comentó.

Sin embargo, aseguró que las propuestas posteriores fueron inviables. “Hicieron dos propuestas que están muy fuera de la realidad y no son propuestas que solucionen nada; al contrario, perjudican mucho”, afirmó.

Respecto al origen de la denuncia penal por fraude y despojo, Burillo sostuvo que el inmueble fue ocupado sin autorización. De acuerdo con su versión, Roberto Ixtla ingresó a la vivienda, retiró las chapas tanto del portón como de la puerta principal, sustituyó las cerraduras y actualmente realiza trabajos de remodelación en el inmueble. Como parte de las evidencias, mostró fotografías del antes y después de la vivienda, en las que, aseguró, se observan las modificaciones realizadas tras la ocupación del inmueble.

El empresario señaló que esos hechos forman parte de la denuncia presentada por los presuntos delitos de fraude y despojo. Finalmente, reconoció que teme por su seguridad y la de su familia tras hacer pública la denuncia. “Sí, claro. Obviamente tengo familia y desde luego que tengo un temor, pero también creo que el mundo es de los valientes. Yo no puedo quedarme callado porque esa situación no tiene por qué vivirla nadie más. Todos los ciudadanos tienen que saber la situación que estamos viviendo y entender que no tienen por qué ser abusados por parte de un servidor público”, concluyó.