Al iniciar este jueves el proceso electoral 2026-2027 para renovar las 500 diputaciones federales, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, la magistrada presidenta de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Roselia Bustillo Marín, aceptó que no le temblará la mano para anular elecciones donde se compruebe violencia política en razón de género.
Recordó que la violencia política en razón de género es una causal de nulidad de elecciones y que Veracruz, después de Oaxaca, es la segunda entidad del País en tener el mayor número de personas sancionadas por violencia política en razón de género.
Manifestó que ya hay precedentes en los estados de Guerrero y Michoacán, donde este tipo de violencia fue considerada como parte de los elementos para determinar la nulidad de una elección. “Entonces, tomando en cuenta esos precedentes, nosotros tenemos que seguir, siempre y cuando considerando la determinancia”.
Agregó que la Sala Superior del TEPJF emitió el año pasado una tesis sobre la interpretación de la legislación de Veracruz respecto a la nulidad de elecciones por esta causa y señala que se debe analizar el contexto y la determinancia.
Para el proceso electoral participarán 8 partidos políticos, 2 de nueva creación, por lo que podría haber un mayor número de recursos de impugnación.
Enfatizó que, además de acreditar la existencia de violencia política de género, los tribunales deben analizar el contexto y la determinancia, es decir, si los hechos tuvieron una incidencia en el resultado de la elección.