Salida de Exadministradora del Poder Judicial, por reestructura administrativa

La remoción de Joana Marlen Bautista Flores de la Dirección General de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, correspondió a una reestructura en el ámbito administrativo, luego de hacerse una en el ámbito jurisdiccional.

Así lo señaló la magistrada presidenta, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre y expuso que ya hay una nueva administradora, Diana Adivedh Cruz Villegas, quien venía trabajando en el área desde hace 3 años como directora de Programación y Presupuesto y actualmente se está en el proceso de entrega-recepción.

Expuso que el PJE es una institución primordialmente jurisdiccional, por lo que su prioridad es la administración de justicia, en la que las demás áreas administrativas, de recursos humanos y de Contraloría son coadyuvantes de este proceso.



“Lo toral para nosotros es lo jurisdiccional y estamos operando y funcionando de manera normal, regular. Primero se inició una reestructura en el ámbito jurisdiccional, hubo cambios de jueces, etcétera y ahora esto es un reordenamiento, natural y lógicos dentro de la institución”, expuso.

En la entrevista, Jiménez Aguirre reiteró que fue una decisión plenaria del Consejo de la Judicatura sin que refiriera que se derivó de la asistencia de Bautista Flores al registro de Rocío Nahle como aspirante a la Coordinación Estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

“Es un tema de reorganización que tenemos dentro de la institución, pero que yo considero que no debemos darle tanta relevancia (…) son cambios normales, naturales, pero reitero, lo que a nosotros nos atañe y lo que lo toral es lo jurisdiccional”, reafirmó.



La titular del TSJE agregó que si se detectan irregularidades durante el periodo en que la ex funcionaria estuvo en el cargo, hay 2 vías para emprender acciones en su contra: que el Consejo de la Judicatura la sancione mediante un procedimiento administrativo sancionador y por la vía penal a través de la Fiscalía Anticorrupción.

“En el momento que, si hubiera alguna situación, se tendría que recurrir a alguna de estas vías, pero en este momento no tengo dato para hablar en ese sentido, o sea, no me atrevería a afirmar una situación de esa naturaleza”, añadió.

Añadió que la Contraloría Interna actualmente lleva a cabo la auditoría que le mandata la Ley hacer cada 6 meses, misma que “camina” adecuadamente.



Finalmente, expuso que si bien todos los trabajadores del Poder Judicial tienen el derecho constitucional de afiliarse al partido político que les convenza, la asistencia a sus mítines debe ser fuera del horario laboral.