Sanciones más severas por usurpar profesiones médicas en Veracruz, plantea el PVEM

En Veracruz se ha propuesto combatir un fenómeno delictivo que atenta directamente contra la fe pública y la seguridad ciudadana: la usurpación de profesiones y el intrusismo profesional en el Sector Salud.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en México, se han registrado miles de denuncias anuales relacionadas con la usurpación de profesiones.

Este fenómeno se ve agravado por la proliferación de documentos apócrifos y la existencia de centros educativos que, careciendo de la infraestructura y el rigor académico necesarios, ofertan acreditaciones sin el debido sustento.



Si bien la usurpación en cualquier campo profesional es grave, cuando ocurre en el Sector Salud, sus consecuencias trascienden el fraude patrimonial para convertirse en una amenaza directa contra la integridad física y la vida de las personas.

El grupo legislativo del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso del Estado presentó una iniciativa de reforma al Código Penal y a la Ley de Salud, ambas del estado de Veracruz, que fortalece el marco jurídico para sancionar con severidad a quienes, sin escrúpulos, ponen en riesgo la vida y la integridad de la población al ejercer profesiones para las cuales no están calificados.

Se propone prisión de 2 a 6 años y multa de 200 a 400 días de Unidad de Medida y Actualización (22 mil 628 pesos a 45 mil 256 pesos) a quienes, sin estar debidamente autorizados para ello, ejerzan actividades profesionales en el campo de la Medicina, Odontología, Veterinaria, Biología, Bacteriología, Enfermería, Trabajo Social, Química, Psicología y sus ramas, Optometría, Nutrición, Dietología y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables.



Si con motivo de la conducta anterior se llegasen a realizar procedimientos médicos quirúrgicos de especialidad sin contar con las acreditaciones exigidas por la Ley de Salud, la pena de prisión será de 4 a 9 años y multa de 400 a 600 (45 mil 256 a 67 mil 884 pesos), sin perjuicio de las demás que puedan imponerse por la comisión de otros delitos.

También se propone que los documentos, recetas y papelería a los que haga alusión la normatividad aplicable y que sean utilizados para prescribir tratamientos o medicamentos, no podrán compartirse entre profesionistas, ni asentarse datos de persona distinta al que la firma.

Y se obliga a las personas físicas o morales que, mediante clínicas, hospitales, farmacias, consultorios, plataformas o establecimientos similares ofrezcan servicios de salud, verifiquen de manera periódica que las cédulas, licencias o acreditaciones del personal que presta sus servicios en sus instalaciones se encuentren debidamente inscritas en el Registro Nacional de Profesionistas y registradas por las autoridades educativas competentes.



El grupo legislativo del PVEM señala que con esas adecuaciones al marco legal se dota de proporcionalidad a la pena, se garantizan herramientas de prevención a la Secretaría de Salud y se envía un mensaje claro: en Veracruz, con la salud no se juega.