Con 41 votos a favor, siete en contra y ninguna abstención, el Congreso de Veracruz aprobó reformas a las Leyes Orgánicas del Poder Legislativo y del Municipio Libre, así como al Código Electoral del Estado, con las que incorporó a la legislación local disposiciones sobre austeridad, paridad de género, integración de ayuntamientos y límites a las remuneraciones y prestaciones de funcionarios electorales.
Las modificaciones forman parte de la armonización de las normas estatales con la reforma constitucional federal conocida como Plan B y establecen nuevas reglas para el funcionamiento del Congreso local, los ayuntamientos y las autoridades electorales de Veracruz.
Entre los cambios aprobados destaca la imposición de un tope al presupuesto anual del Poder Legislativo. A partir de la entrada en vigor de la reforma, el gasto del Congreso no podrá exceder el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos del Estado correspondiente a cada ejercicio fiscal.
Además, quedaron prohibidas las ampliaciones presupuestarias, transferencias, reasignaciones, adecuaciones, reclasificaciones administrativas o cualquier mecanismo que tenga como finalidad incrementar de manera directa el presupuesto autorizado al Congreso.
Los diputados también incorporaron al artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo la obligación de que la integración y funcionamiento del Congreso se rijan por los principios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género.
En materia municipal, la reforma modificó la integración de los ayuntamientos al establecer nuevos rangos poblacionales para determinar el número de ediles. Con las nuevas disposiciones, los municipios con una población superior a 400 mil y hasta 750 mil habitantes podrán contar con 15 integrantes en sus cabildos, mientras que aquellos que superen los 750 mil habitantes podrán tener hasta 17 ediles, siempre que exista capacidad financiera para ello.
El dictamen señala que la medida busca ajustar la representación municipal a la realidad demográfica de Veracruz y evitar incrementos desproporcionados en las estructuras administrativas de los gobiernos locales.
Otro de los ejes de la reforma se concentra en los organismos electorales. El Congreso aprobó disposiciones para que las remuneraciones de consejeras y consejeros del Organismo Público Local Electoral (OPLE), así como de magistradas y magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), se sujeten a los límites establecidos en el artículo 127 de la Constitución federal.
Las restricciones también alcanzan a titulares de secretarías, áreas ejecutivas, técnicas y administrativas de ambos organismos. De acuerdo con el decreto, ninguno de estos servidores públicos podrá recibir percepciones que rebasen los límites constitucionales.
La reforma añade una prohibición expresa para contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos privados, seguros de vida, esquemas privados de pensiones, seguros de separación individualizada, cajas de ahorro especiales o regímenes de retiro que no estén previstos en la legislación aplicable, contratos colectivos o condiciones generales de trabajo.
En los artículos transitorios se establece que las economías y ahorros generados por la aplicación de estas medidas deberán permanecer en la Hacienda pública correspondiente. Los recursos obtenidos tendrán como destino obras de infraestructura pública y deberán ejercerse bajo criterios de legalidad, honradez, transparencia y austeridad.
Durante la discusión, la mayoría legislativa sostuvo que las reformas eran necesarias para armonizar el marco jurídico estatal con las modificaciones constitucionales federales y evitar contradicciones normativas. La votación final registró 41 sufragios a favor y siete en contra.