La justicia federal sobreseyó el proceso penal 97/2023 que se seguía en contra de Manuel Rodríguez Fernández y sus hijas Isabel y Celia María Rodríguez Valcárcel por los delitos de fraude genérico y fraude procesal.
Ahora, la defensa a cargo del titular de la firma “Lira & Asociados”, Luis Enrique González Lira, evalúa y prepara las acciones jurídicas y contrademandas correspondientes contra quienes resulten responsables de la manipulación de este conflicto de origen estrictamente privado.
“Para las personas involucradas, la trascendencia de este fallo alcanza el ámbito personal y reputacional. Sus nombres fueron expuestos públicamente en su momento bajo acusaciones que hoy la justicia ha derrumbado por completo al comprobarse la total inexistencia de datos de prueba o elementos constitutivos”, manifestó el abogado defensor.
Expuso que durante 2023 y 2024 se dio lugar a publicaciones que vincularon indebidamente los nombres de sus defendidos con señalamientos falsos. Por ello, ante el evidente daño económico, social y, sobre todo, moral causado a sus defendidos y a los integrantes de la familia, por la campaña de desinformación e imputaciones infundadas, se analiza proceder legalmente.
Cabe señalar que el caso fue promovido por el empresario de la región de Córdoba, Joaquín Rodríguez Fernández, hermano y tío de los acusados, quien denunció un quebranto financiero estimado en 30 millones de pesos, presuntamente mediante trampas y falsificaciones documentales. Acusó que desde 2015 ha sido víctima de una campaña de despojo que incluye falsificación de firmas y documentos, lo que resultó en el embargo indebido de cuentas bancarias, propiedades y un millonario legado de herencia familiar en el extranjero.
Sin embargo, González Lira sostuvo que la razón decisiva del sobreseimiento fue que, a partir de los razonamientos contenidos en las resoluciones previas, quedó establecido jurídicamente que los hechos atribuidos nunca configuraron delito alguno, al tratarse exclusivamente de cuestiones de carácter familiar y privado que fueron utilizadas de manera dolosa y ajena al derecho.
Relató que en noviembre de 2024 la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Poder Judicial de Veracruz revocó la vinculación a proceso de Rodríguez Valcárcel y Rodríguez Fernández, dictó auto de no vinculación y ordenó levantar todas las medidas cautelares, beneficio que se extendió a su familiar. En junio de 2025, el Juzgado Cuarto de Distrito en Boca del Río negó el amparo a la parte denunciante y concedió la protección federal a la familia, y ordenó reiterar la no acreditación de los delitos.
En octubre, esa sentencia fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, que dio paso al sobreseimiento del proceso penal.