Se investiga a jueces, notarios y funcionarios ante denuncias por despojos: Lisbeth Jiménez

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que las investigaciones contra el presunto cártel inmobiliario avanzan en distintas áreas de la institución y advirtió que las indagatorias no se limitan a abogados particulares, sino que alcanzan a jueces, notarios, funcionarios judiciales y servidores públicos del Registro Público de la Propiedad que pudieran haber participado en los despojos de inmuebles denunciados por decenas de familias veracruzanas.

La fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó que ya existen diversas carpetas judicializadas, varias audiencias iniciales desahogadas y otras investigaciones que continúan integrándose, por lo que en las siguientes etapas procesales podrían solicitarse nuevas órdenes de aprehensión.

“Ya tenemos varias carpetas integradas en proceso, incluso hay varias audiencias iniciales desahogadas. De acuerdo con el trámite procesal vamos a ir obteniendo órdenes de aprehensión”, afirmó durante una conferencia de prensa.

Explicó que, por la naturaleza de los delitos relacionados con fraude procesal y despojo patrimonial, la Fiscalía privilegia inicialmente la comparecencia voluntaria de los imputados; sin embargo, cuando éstos no acuden a las audiencias, ello permite solicitar su captura.

“Primero buscamos la imputación en libertad, pero si la persona citada no comparece, entonces, agotados los trámites procesales, se pueden generar órdenes de aprehensión”, explicó.

Aunque no reveló cuántas carpetas se encuentran judicializadas, señaló que los expedientes están distribuidos en distintas fiscalías debido al perfil de los presuntos responsables.

Precisó que los asuntos donde aparecen abogados litigantes permanecen en las fiscalías regionales; cuando se trata de notarios públicos son investigados por la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales; y si existen servidores públicos involucrados, las carpetas son turnadas a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

La fiscal subrayó que las investigaciones seguirán la ruta que marquen las pruebas, sin importar el cargo o profesión de quienes resulten implicados.

“Las líneas de investigación alcanzan a quien haya contribuido para que una familia fuera despojada de un bien: abogados litigantes, notarios, jueces, funcionarios judiciales y servidores públicos del Registro Público de la Propiedad. Aquí no va a haber impunidad, sea quien sea y de la investidura que sea, se va a proceder”, sostuvo.

Como ejemplo de los avances, recordó que recientemente fue vinculado a proceso Salvador “N”, acusado del delito de fraude procesal dentro de una investigación relacionada con una vivienda ubicada en la colonia Isleta, en Xalapa.

Asimismo, confirmó que también fue ejecutada una orden de aprehensión contra un notario de la región Córdoba-Orizaba, aunque evitó proporcionar mayores detalles para no afectar las investigaciones en curso. “No quiero dar números al azar. Yo recuerdo claramente ese caso porque se ejecutó una orden de aprehensión”, comentó.

Jiménez Aguirre aseguró que el combate a esta presunta red es una prioridad para la institución debido a que las investigaciones involucran el patrimonio de numerosas familias veracruzanas. “Todo este tema lo estamos trabajando de manera prioritaria porque sabemos que está de por medio el patrimonio de las familias”, expresó.

Agregó que una de las instrucciones ha sido mantener comunicación permanente con las víctimas, informarles el avance de sus carpetas y explicarles las etapas procesales de cada expediente. “Las víctimas tienen derecho a saber cómo va su carpeta, qué hace falta, si ya hay imputados y cuáles serán los siguientes pasos”, señaló.

Desde finales del 2025, decenas de afectados han denunciado públicamente la operación de una presunta red dedicada al despojo de inmuebles mediante documentos presuntamente apócrifos, pagarés, juicios civiles y resoluciones judiciales irregulares. En sus testimonios han señalado la posible participación de abogados, notarios, jueces y funcionarios públicos, por lo que han exigido que las investigaciones alcancen a todos los involucrados y que las carpetas concluyan con órdenes de aprehensión y sentencias.