La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rosalba Hernández Hernández, confirmó que el Tribunal de Disciplina Judicial investiga a jueces denunciados por su presunta relación con casos atribuidos al llamado “Cártel Inmobiliario” y sostuvo que los juzgadores están obligados a recibir y dar trámite a los asuntos que les sean presentados, incluidos los relacionados con despojos, cuando la documentación cumple con los requisitos legales.
Entrevistada este jueves tras su guardia de honor ante el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla en Xalapa, la Presidenta del TSJ señaló que los procedimientos ya se encuentran en revisión, aunque no precisó cuántos jueces están sujetos a investigación.
“Están siendo atendidas por el Tribunal de Disciplina, que es el órgano competente”, respondió al ser cuestionada sobre las denuncias presentadas contra juzgadores por casos de presuntos despojos de propiedades.
Hernández Hernández indicó que corresponderá a la Presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial informar, dentro de los límites legales, el número de expedientes abiertos por estos señalamientos. “No (sé el número) exactamente, pero le consultaremos a la Presidenta del Tribunal de Disciplina para ver cuántos; obviamente también está el sigilo procesal”, expresó.
Denuncias por despojos
Los señalamientos contra integrantes del Poder Judicial forman parte de denuncias relacionadas con el denominado “Cártel Inmobiliario”, nombre con el que afectados han identificado una presunta red involucrada en despojos de inmuebles mediante procedimientos judiciales.
La Fiscalía General del Estado ha informado que las investigaciones incluyen posibles actuaciones de jueces, notarios, funcionarios judiciales y servidores públicos del Registro Público de la Propiedad.
Ante los cuestionamientos sobre la intervención de jueces en esos procedimientos, la magistrada sostuvo que los juzgadores deben iniciar los procesos cuando reciben documentos que cumplen formalmente con los requisitos para su presentación.
“En el caso de los jueces y juezas de primera instancia, además de buena fe, si a cualquier juez o jueza le traen un documento que traiga todos los sellos, tiene que iniciar con un proceso. Nosotros tenemos que darles trámite a todos los procesos”, señaló.
Añadió que quienes consideren afectado su patrimonio por una resolución judicial cuentan con mecanismos para impugnarla, entre ellos nulidades de juicio concluido, tercerías y recursos ante otras instancias jurisdiccionales.
“Quien se sienta agraviado tiene toda la posibilidad también de acudir ante la segunda instancia, que es el Tribunal Superior de Justicia, o ante los tribunales colegiados, en el caso de las sentencias, o ante los jueces de distrito”, explicó.
La Magistrada señaló que será el Tribunal de Disciplina Judicial el encargado de determinar si existieron irregularidades atribuibles a jueces en los expedientes denunciados, mientras que las controversias sobre resoluciones y propiedad de los inmuebles deberán seguir las vías jurisdiccionales correspondientes.