Se niegan a revelar si hubo castigo por la fallida videovigilancia yunista

La Contraloría General del Estado sigue negándose a informar si cumplió con los procedimientos que le ordenó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto a las irregularidades detectadas en el Sistema Estatal de Videovigilancia del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

La Contraloría, bajo el mando de Mercedes Santoyo Domínguez, negó dar los resultados del procedimiento con el expediente CG/OIC-SEFIPLAN/INV-054/2019 iniciado para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos en este tema.

A través de una solicitud de información, se requirió a la dependencia detallar si se impusieron sanciones administrativas a los servidores públicos involucrados en dicho expediente y en el que está clasificado como OICSSP/DTyA/095/2019.



Hay que señalar que la propia ASF instruyó a la Contraloría investigar y aplicar las sanciones correspondientes.

Y es que el Sistema Estatal de Videovigilancia, que lleva 5 años sin funcionar como lo anunció el exgobernador, Miguel Ángel Yunes Linares y fue denunciado por la ASF ante la Fiscalía General de la República (FGR) este 2023.



El órgano dirigido por el auditor superior, David Colmenares Páramo, procedió por un presunto daño de 349 millones de pesos pidió a la Contraloría abrir procesos administrativos relacionados con los Procesos de Adquisición e Instalación de las 6 mil 476 cámaras.

En sus argumentos, la Contraloría informó que clasificó como “reservada” la información requerida y que no existe “obligación de elaborar documentos ad hoc” para atender las solicitudes.