La ley al Instituto de Pensiones del Estado es una respuesta a la crisis por la que atraviesa esa entidad. Sin embargo, no asegura su rescate ya que sólo se enfoca en algunos aspectos, por lo que se requiere un programa de rescate integral, además de una auditoría donde se informé el estado real y la nómina del instituto.
Al expresar lo anterior, el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Uriel Flores Aguayo, dijo que se puede rescatar un fondo federal para el fortalecimiento del Instituto, además de que se debe realizar un saneamiento al interior del IPE.
El perredista consideró que se debe hacer un trabajo "fuerte" para acabar con los vicios que han generado la crisis que pudiera dejar sin pensiones a los miles de jubilados veracruzanos.
"Tiene que evitarse el derroche y habría que revisar la nómina del IPE, hay que exigirle cuentas al Consejo y a los sindicatos, preguntarle a los sindicatos qué han hecho porque son juez y parte y no sabemos cómo representan a los pensionados y trabajadores".
Al referir que no sabe si esta ley llegue a funcionar, dijo que se requiere un mecanismo completo para rescatar este tema pues con ley o sin ley, el futuro de las pensiones está en riesgo en Veracruz.
Lo deseable es que esta ley sea el punto de partida para el rescate, fortalecimiento y sustentabilidad para el Instituto, es decir, que haya IPE para toda la vida y pensiones seguras.
Uriel Flores destacó que la directiva del IPE está en buenas manos pero se tiene que analizar a los integrantes del Consejo y esta Ley no lo incluye.
"Ahí están los sindicatos en el órgano colegiado que toma decisiones pero también los sindicatos tienen posiciones administrativas, son juez y parte. Hay que corregir esa anomalía, no puede ser que los sindicatos además de estar en el consejo, también ocupen puestos directivos".
Y es que a decir del Legislador, los líderes de sindicatos tienen puestos en diferentes áreas del IPE y ese es uno de los vicios que explica parte de la crisis del Instituto pues no se maneja con criterios técnicos y financieros, si no que se tienen que confrontar con factores político-sindicales.
Agregó que a esta ley le faltó tomar en cuenta algunos aspectos importantes pues no se habla de terminar con los pensionados privilegiados.
"Se dice que hay pensionados VIP y ¿por qué los trabajadores del IPE tienen que estar pagando sueldos de lujo?".
Se requiere transparencia así como un informe real y completo a los trabajadores para que se dé a conocer sobre las deudas, expresó el entrevistado al señalar que el IPE se debe someter a una auditoría seria.
Por último, definió que es una ley "abrupta" que no tomó conocimiento a los trabajadores y pensionados, quienes están en contra con justa razón ya que nadie les informó ni los convenció, "ojalá se den cuenta que lo legal siempre tiene que ir acompañado de lo legítimo y lo legítimo es que tenga consenso y respaldo".
Esta Ley debió acompañarse de un proceso de información, difusión y convencimiento para dar sustento social y con ello agregar la parte de legitimidad que todo acto debe tener, finalizó Flores Aguayo.