Se sancionará más severamente el “graffiti ilegal”

La iniciativa de reforma al Código Electoral del gobernador Fidel Herrera Beltrán para incrementar las aciones al “graffitti ilegal” fue turnada hoy a comisiones durante la décimo tercera sesión ordinaria del Congreso local.

La iniciativa de reforma al artículo 128 del Código Penal establece sanciones de 3 meses a 10 años de prisión y multas de hasta 300 días de salario mínimo y trabajo a favor de la comunidad y de la víctima ofendida, a quienes, sin importar el material o instrumentos utilizados, pinte, tiña, grabe o imprima palabras, dibujos, símbolos, manchas o figuras, a un bien mueble o imbueble, sin consentimiento de quien pueda darlo conforme a la ley.

Además establece que cuando el sujeto activo del delito sea un menor de edad, sus padres o tutores serán solidariamente responsables de la reparación del daño.

En la exposición de motivos, el titular del Ejecutivo estatal menciona que la expresión del “graffitti ilegal” puede calificarse como una conducta antisocial, toda vez que se lesionan los derechos de un tercero y causa un detrimento en su patrimonio, situación que no se puede, de ninguna manera, justificarse como un ejercicio artístico o de libertad de expresión.

Pues a pesar de que algunos Gobiernos municipales han dispuesto lugares ex profeso para que tengan lugar en ellos ese tipo de manifestaciones (murales y espacios de graffitti), los infractores referidos, las realizan en sitios distintos, con la evidente intensión de llamar la atención al afectar el patrimonio de un tercero o del Estado.

“Por lo anterior (agrega el gobernador) es menester introducir en nuestra legislación penal sustantiva una tipicidad delictiva especifica, que incluya la conducta de quienes dañan mediante la escritura, el dibujo u otros elementos, pretendidamente pictóricos, propiedades de terceros y bienes del estado y, de esta manera, erradicar estas prácticas que, independientemente del daño patrimonial que ocasionan, provocan contaminación visual y dan una imagen negativa de nuestras ciudades, pueblos y comunidades”.

Añadió que si bien es cierto que en la actual legiuslación está tipificado el delito de “daño”, se considera necesario responder a los reclamos de los ciudadanos afectados, pues se pretende que estas conductas antisociales no solo sean penalizadas con claridad, sino que fijen formas y procedimientos para la pronta y adecuada reparación del daño causado.

“En este sentido, proponemos dotar a las autoridades competentes de medidas eficaces para perseguir el ilícito y conseguir la inmediata reparación del deterioro provocado al patrimonio de las víctimas del mismo.