Se suman a la lista negra del Congreso: Fortín y otros 5 ayuntamientos que no solventaron faltantes

Los ayuntamientos de Vega de Alatorre, Fortín, Chacaltianguis, Ixcatepec, Camerino Z. Mendoza y Mecatlán, no pudieron solventar al cien por ciento las observaciones de la cuenta pública del ejercicio fiscal del 2012, por lo que aún mantienen un presunto daño patrimonial.

El diputado local y presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Francisco Garrido Sánchez, dio a conocer que Fortín no pudo solventar 40 millones 942 mil 914 pesos; Vega de Alatorre se quedó con un presunto daño patrimonial de 422 mil 812 pesos; Chacaltianguis, con 506 mil 306 pesos; Ixcatepec, 226 mil 546 pesos; Camerino Z. Mendoza, 4 millones 988 mil 739 pesos y Mecatlán, con 222 mil 952 pesos.

Mientras que la Comisión Municipal de Agua Potable de Alvarado logró solventar su presunto daño patrimonial.



Cabe resaltar que este martes, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) notificó a exservidores públicos de los ayuntamientos de Colipa, Carlos A. Carrillo, Jáltipan, Coyutla, Rafael Delgado, Soteapan y Xico, sobre el resultado que tuvieron respecto a la fase de audiencias para la entrega de pruebas y alegatos, con la finalidad de solventar el presunto daño patrimonial que se les detectó en la cuenta pública de 2012.

Entrevistado en el Palacio Legislativo, Garrido Sánchez dijo que los servidores y exservidores públicos que hasta el momento no han podido solventar el total del presunto daño patrimonial, tienen un plazo de 10 días hábiles, a partir de la entrega de las notificaciones, para presentar un recurso de reconsideración o promover un juicio contencioso administrativo.

En caso de promover uno de esos dos recursos, el ORFIS tendrá un plazo de 45 días hábiles, a partir de que los reciba, para estudiar o analizar las nuevas pruebas y elegatos que se pudieran presentar y así emitir una nueva resolución.



Y en el caso en que ese lapso no se pudiera solventar el presunto daño patrimonial, entonces el ORFIS procederá a interponer las denuncias penales correspondientes.

En el caso de la cuenta pública -dijo- los legisladores, principalmente de la Comisión de Vigilancia, no han faltado a su trabajo ni el ORFIS a sus compromisos de informar a la referida comisión en qué estado se encuentran las solventaciones de los entes fiscalizables.

El proceso de la solventación de observaciones no corresponde al Congreso del Estado, sino al ente fiscalizador, aunque los diputados están notificados en este momento de los procesos que se vienen realizando por parte del ORFIS.



En ese sentido, anunció que los integrantes de la Comisión de Vigilancia están convocados para el día 9 de mayo a una reunión de trabajo en el ORFIS, con la finalidad de que el Auditor General proporcione un informe sobre el proceso de notificación a los entes fiscalizables que resultaron con un presunto daño patrimonial.

“De esa forma podremos conocer a fondo cómo solventaron las observaciones los entes que fueron citados para audiencias. Hay que esperar el resultado que emita el ORFIS en relación al recurso de reconsideración ya que nosotros en este momento como diputados no podemos emitir una opinión, hacerlo es irresponsable y poco profesional”.