El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), Rodrigo Calderón Salas, fue cuestionado sobre el uso de bodegas del Gobierno de Veracruz en la Central de Abasto de la Ciudad de México.
Reconoció que dichos inmuebles eran ocupados por personas ajenas al Estado y por comercializadores, en lugar de productores veracruzanos, como se había previsto. Explicó que una inspección permitió detectar estas irregularidades. “Se hizo una inspección y se encontró que estaban usándolas personas ajenas al Estado y no siendo productores sino comercializadores; se emprendieron acciones y ya se recuperaron en junio una y en septiembre otra porque ya tenían contratos con otra persona”, dijo ante las y los legisladores en su comparecencia.
Detalló que, tras la verificación, el Gobierno estatal procedió a revertir los contratos firmados y recuperar la posesión de las bodegas. “Los contratos los echamos abajo legalmente y las recuperamos y ya tenemos en proceso legal contra las personas, ante la Fiscalía Anticorrupción”, afirmó.
Añadió que, a partir de la recuperación, se mantienen procesos legales contra quien resulte responsable por el uso de estos espacios. Indicó que las denuncias fueron turnadas a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para deslindar responsabilidades. El tema tomó relevancia luego de que, en septiembre, se difundió que las bodegas habrían sido arrendadas a una particular, Laura Amador Zaragoza, hermana del exfuncionario Humberto Amador Zaragoza, quien estuvo a cargo de la Subsecretaría de Ganadería.
Según la información difundida, el arrendamiento generó ingresos superiores a un millón 500 mil pesos en el último año, sin que estos recursos ingresaran al Estado. Calderón Salas señaló que la recuperación de los espacios y la cancelación de los contratos forman parte de la respuesta institucional y reiteró que las bodegas deben destinarse a la comercialización de productos veracruzanos en el marco de los programas de la SEDARPA.