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Sección: Estado de Veracruz

SEDESOL reporta 37 mil apoyos, pero sólo 5 mil beneficiarios avanzan a segunda etapa

- Diputadas cuestionan la falta de indicadores sobre el impacto de Apoyo a la Palabra

- Denuncian presuntos cobros indebidos y señalan opacidad en padrones, fideicomisos y distribución de recursos

José Topete Xalapa, Ver. 20/11/2026

alcalorpolitico.com

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) de Veracruz reportó la entrega de 37 mil 195 apoyos económicos, con una inversión superior a 293 millones de pesos durante los primeros dos años del Gobierno de Rocío Nahle García. Sin embargo, sólo 5 mil 41 apoyos correspondieron a una segunda etapa del programa Apoyo a la Palabra, que requiere reintegrar voluntariamente los recursos recibidos inicialmente.

Durante su comparecencia ante el Congreso local, la titular de la dependencia, Eusebia Cortés Pérez, informó que en el periodo correspondiente a 2026 se destinaron más de 207.5 millones de pesos para entregar 24 mil 961 apoyos.

Aunque la devolución del dinero no es obligatoria, constituye una condición para acceder a una segunda entrega. Sin embargo, las cifras presentadas no permiten determinar cuántos beneficiarios decidieron no reintegrar los recursos, cuántos enfrentaron dificultades para hacerlo ni cuántos solicitaron participar nuevamente.

La falta de información sobre la continuidad de los emprendimientos y los resultados económicos del programa fue cuestionada por diputadas de oposición, quienes reclamaron que el informe se concentrara en los montos ejercidos, la cantidad de apoyos entregados y fotografías de actividades, sin presentar indicadores sobre su impacto en la reducción de la pobreza.

Los cuestionamientos también alcanzaron las denuncias de presuntos cobros indebidos, diferencias en los padrones, posible utilización electoral de recursos y contratación de familiares de la secretaria dentro de la dependencia.

Reportan 5 mil apoyos llegan a segunda etapa

El programa Apoyo a la Palabra – Plan México contempla tres etapas de financiamiento para personas que desarrollan actividades productivas o buscan iniciar un negocio.

La primera consiste en una transferencia de entre 7 mil y 10 mil pesos. Quienes reintegran voluntariamente el dinero pueden acceder, durante el siguiente ejercicio fiscal, a un apoyo de 12 mil pesos y, posteriormente, a uno de 15 mil pesos si también devuelven la segunda entrega.

De acuerdo con la información presentada por Cortés Pérez, durante el periodo reportado para 2026 se distribuyeron 24 mil 961 apoyos en 148 municipios, de los cuales 18 mil 931 correspondieron a mujeres y 6 mil 30 a hombres.

De ese total, 5 mil 41 apoyos fueron otorgados en una segunda etapa, lo que significa que esas personas habían cumplido los requisitos para recibir nuevamente recursos del programa.

Sin embargo, la dependencia no presentó una cifra consolidada sobre el monto reintegrado por quienes recibieron el primer apoyo ni precisó qué proporción de los beneficiarios estaba en condiciones de acceder a una siguiente etapa.

"No traigo el informe exacto de cuántas personas ya reintegraron esos 12 mil pesos", respondió.

Reclaman resultados y no fotografías

La diputada de Movimiento Ciudadano, María Elena Córdova Molina, cuestionó que Cortés Pérez presentara un informe integrado por 87 diapositivas y fotografías, sin incluir indicadores que permitieran conocer cuántas familias mejoraron sus condiciones económicas mediante los programas estatales.

La legisladora sostuvo que el documento debió incluir mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y otros indicadores que permitieran evaluar el impacto de los recursos públicos.

Recordó que, de acuerdo con las cifras que citó durante su intervención, en 2024 había 3.6 millones de veracruzanos en situación de pobreza, entre ellos 1.2 millones de niñas, niños y adolescentes.

También señaló que Veracruz ocupa el tercer lugar nacional por el número de menores en esa condición y pidió conocer los resultados de las acciones estatales para atender el problema.

"A mí me hubiera encantado encontrar aquí indicadores del INEGI, del CONEVAL, tantos que nos permitan comprobar si las familias están saliendo de la pobreza", expresó.

Por su parte, la diputada del PRI, Ana Rosa Valdés Salazar, también reclamó la ausencia de indicadores para medir los efectos de los programas estatales en los ingresos de las familias y en la reducción de carencias sociales.

Señaló que el informe registra 12 mil 334 apoyos de Apoyo a la Palabra y 18 mil 890 cuestionarios aplicados, sin establecer cuántos beneficiarios mantienen sus proyectos ni cuáles consiguieron mejorar sus condiciones económicas.

Denuncian presuntos cobros a beneficiarios

La diputada del PAN, Montserrat Ortega Ruiz, denunció que beneficiarios del programa Apoyo a la Palabra han señalado a operadores territoriales de SEDESOL por presuntamente exigirles parte del dinero recibido, bajo la amenaza de excluirlos del padrón.

De acuerdo con la legisladora, trabajadores de la Dirección General de Operación de Programas Sociales esperan a los beneficiarios en instalaciones de la Financiera para el Bienestar (Finabien), donde presuntamente les solicitan pagos para mantenerlos dentro del programa.

Cortés Pérez rechazó las acusaciones y aseguró que la dependencia no ha recibido denuncias formales por esos hechos.

"Nosotros no tenemos ninguna denuncia de pedir moches. Me agradaría mucho que me presentaran las pruebas para, ahora sí, todo el peso de la ley para aquella persona que esté haciendo mal uso de este programa", sostuvo.

La funcionaria reconoció que personal de SEDESOL permanece en los lugares donde se cobran los apoyos, pero afirmó que su presencia tiene como finalidad acompañar a los beneficiarios y registrar las entregas.

"Efectivamente, nuestros compañeros territoriales ahí están en la puerta, pero no para pedir moche, nunca. Jamás se hace eso. No somos iguales", afirmó.

Por separado, Córdova Molina pidió esclarecer denuncias difundidas en enero sobre presuntos cobros de 2 mil pesos a personas que buscaban acceder a apoyos de 7 mil pesos.

La legisladora solicitó precisar si se iniciaron investigaciones, cuáles fueron sus resultados y si hubo servidores públicos sancionados.

"Los apoyos que entregan, secretaria, se pagan con nuestros impuestos, no son favores del gobierno", advirtió.

Cuestionan padrones y manejo del dinero

Ortega Ruiz también señaló diferencias entre las cifras de apoyos reportados por SEDESOL y los registros de beneficiarios.

La diputada sostuvo que, al revisar los padrones, identificó aproximadamente 4 mil 600 personas que habrían recibido recursos en dos o tres ocasiones.

Por ello, pidió explicar si las entregas repetidas estaban autorizadas por las reglas de operación o correspondían a irregularidades en la distribución del presupuesto.

Cortés Pérez aseguró que cada beneficiario cuenta con un folio que permite identificarlo y evitar entregas fuera de las etapas autorizadas.

"No se repite a ningún beneficiado. Eso no sucede, no puede suceder. Cada beneficiado tiene un número de folio", afirmó.

Posteriormente explicó que una misma persona puede recibir hasta tres apoyos, siempre que cumpla los requisitos establecidos para cada etapa.

La funcionaria defendió ese mecanismo como una posibilidad para que los beneficiarios amplíen sus actividades económicas, aunque no precisó cuántas personas pudieron continuar después de reintegrar el financiamiento inicial.

La diputada panista también cuestionó una transferencia presupuestal de 296 millones de pesos a un fideicomiso, de los cuales 197 millones ya habrían sido ejercidos, sin que se precisara el destino de esos recursos.

A ello sumó una partida de 1.7 millones de pesos para comunicación social, pese a que, según afirmó, el portal de transparencia de SEDESOL señala que no le corresponde publicar información sobre ese rubro.

Ambos cuestionamientos quedaron sin una explicación específica durante la primera ronda de respuestas.

Señalan posible uso electoral de programas

Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con el presunto uso político de los programas sociales.

Ortega Ruiz sostuvo que durante la comparecencia se proyectó el testimonio de una beneficiaria que hacía referencia a compromisos asumidos durante la campaña electoral, además de imágenes de entregas de apoyos con mensajes dirigidos a la gobernadora.

Cortés Pérez respondió que el testimonio correspondía a una promesa realizada por Nahle cuando todavía era candidata, antes de que existiera el programa, por lo que rechazó que constituyera evidencia de utilización electoral de recursos públicos.

"Tampoco este programa es para políticos o para politiquería, mucho menos para campañas", aseguró.

Por su parte, Yunes Landa solicitó identificar los diez municipios que recibieron más recursos de SEDESOL durante 2026 y los diez con menor inversión.

También pidió explicar la distribución de apoyos en el distrito de Coatzacoalcos, donde Margarita Santopietro Peralta, extitular de la dependencia, busca participar en las elecciones de 2027.

Cortés Pérez informó que en Coatzacoalcos se entregaron 2 mil apoyos y rechazó que su distribución respondiera a intereses electorales.

La funcionaria sostuvo que su antecesora renunció para participar en política y aseguró que no permitirá utilizar recursos ni personal de la dependencia con fines

Reclaman atender rezago de viviendas sin escrituras

La diputada del Partido del Trabajo, Elizabeth Morales García, cuestionó los resultados de SEDESOL en materia de regularización de la propiedad y desarrollo urbano.

La legisladora contrastó las escrituras reportadas por la dependencia con una estimación atribuida a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), según la cual alrededor de 500 mil familias veracruzanas carecen de títulos de propiedad.

Señaló que algunas llevan entre 20 y 30 años habitando sus viviendas sin contar con documentos que acrediten legalmente su propiedad.

Por ello, solicitó identificar cuántos lotes y viviendas permanecen sin regularizar, cuántos procedimientos están en trámite y qué plazos contempla el Gobierno estatal para resolverlos.

Durante su informe, Cortés Pérez señaló que el Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA) realizó 750 acciones de regularización de predios de interés social en diez municipios.

Además, reportó la entrega de 302 escrituras, de las cuales 123 fueron gestionadas por el Gobierno estatal y 179 mediante coordinación con instancias federales.

La diputada también pidió información sobre las 7 mil 678 viviendas contempladas en programas coordinados con dependencias federales, particularmente su ubicación, disponibilidad de agua, drenaje y transporte, así como las medidas para evitar construcciones en zonas susceptibles de inundación.

Morales García cuestionó, además, cuántos de los 212 municipios cuentan con programas de desarrollo urbano vigentes y publicados.

En respuesta, Cortés Pérez explicó que las acciones de regularización de predios se concentran en diez municipios porque son aquellos donde INVIVIENDA dispone de reservas territoriales.

En materia de vivienda, sostuvo que SEDESOL no ejecuta directamente construcciones y atribuyó esas responsabilidades a las instancias encargadas de infraestructura y obra pública.

La secretaria informó que se han firmado 18 convenios con ayuntamientos para elaborar o actualizar instrumentos de ordenamiento territorial y que otros 15 se encuentran próximos a concluir.

También reportó la elaboración de programas de desarrollo urbano en Oluta y San Juan Evangelista, con una inversión conjunta de 776 mil 389 pesos y un alcance estimado de 49 mil 658 habitantes.

En materia de ordenamiento territorial, dio cuenta de mil 78 trámites y servicios urbanos, entre ellos 941 asesorías, 52 constancias de zonificación y 18 dictámenes de factibilidad regional sustentable.

La funcionaria atribuyó a estas acciones condiciones para una inversión privada estimada en 2 mil 291 millones de pesos y destacó la actualización de diagnósticos de las zonas metropolitanas de Coatzacoalcos, Minatitlán y Córdoba, que abarcan a más de un millón de habitantes.