SEFIPLAN tendrá su Unidad de Inteligencia Patrimonial, Económica y Fiscal

La gobernadora Norma Rocío Nahle García expidió un decreto que crea la Unidad de Inteligencia Patrimonial, Económica y Fiscal que dependerá directamente de la persona titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y que funcionará como una unidad técnica de análisis e inteligencia patrimonial.

En el decreto expone que resulta relevante que la SEFIPLAN se auxilie de una Unidad de Inteligencia Patrimonial, Económica y Fiscal que le permita implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones, que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie, identificando irregularidades que susciten la posible comisión de un ilícito en materia financiera, fiscal y/o patrimonial, para dar noticia de manera inmediata a la autoridad que detenta la función de Ministerio Público, siempre considerando que la Secretaría circunscribe su actuar a lo netamente administrativo.

Dicha Unidad tiene un enfoque más administrativo y analítico, centrado en la recolección, análisis y cruce de información patrimonial y económica; no actúa directamente como instancia persecutora, sino como ente auxiliar de la Procuraduría Fiscal.



Entre las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Patrimonial, Económica y Fiscal están las de: Solicitar, recibir, recabar, obtener, analizar, procesar y consolidar la información patrimonial, económica y fiscal, así como cualquier otra información de utilidad de personas físicas y morales, para la generación de productos de inteligencia, entendidos estos como los resultados finales del proceso de análisis de los datos significativos que permitan identificar y dar noticia a la Procuraduría Fiscal de hechos con apariencia de delitos y/o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el ámbito de la Entidad y previstos en la legislación estatal y demás disposiciones aplicables, a fin de proteger el orden socioeconómico y el sano desarrollo de la economía del Estado.

Colaborar con las dependencias y entidades de los distintos órdenes de gobierno, en apego a las disposiciones legales aplicables y en términos de los convenios, acuerdos o instrumentos jurídicos de colaboración o coordinación celebrados, y de sus anexos respectivos, en los procesos de identificación, inteligencia y combate de las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos fiscales, los que involucren operaciones con recursos de procedencia ilícita y los relacionados con los mismos. Gestionar la autorización respectiva ante las instancias correspondientes, y en el ámbito de su competencia, y en coordinación con la Procuraduría Fiscal.