Según ASF, en 2024 Gobierno de Cuitlahuac no sustentó compra directa de vehículos

Durante el 2024, el último año de la Administración Pública Estatal que presidió Cuitláhuac García Jiménez se utilizó una empresa, cuyos responsables legales están vinculados a empresas sancionadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), ahora Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), para la compra directa de vehículos por más de 64 millones de pesos.

Con base al informe de la Cuenta Pública 2024 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la adjudicación directa para la adquisición de vehículos terrestres equipados y balizados como patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), no fue sustentada ni motivada.

Por ello, se inició una “Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria” para que la Dirección General de Investigación y Responsabilidades, adscrita a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, realice las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y, en su caso, califique la presunta responsabilidad administrativa correspondiente.



Aunado a ello, el Órgano Interno de Control de la SSP inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas y, para tal efecto, integró el expediente número OICSSP/DRA/004/2026.

Durante la revisión al proceso de adjudicación, la ASF encontró las siguientes irregularidades: El dictamen de excepción a la licitación no se encontró debidamente fundado, motivado y soportado, toda vez que las características solicitadas para los vehículos requeridos son de información pública, que se pueden consultar en el Manual de Identidad para las Corporaciones de Seguridad Pública mediante la página oficial de Internet del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En la revisión de la documentación correspondiente al proveedor seleccionado, proporcionada por la SSP, se verificó que la empresa en cuestión fue constituida en octubre de 2019 por 2 personas morales, de las que no se proporcionó información.



Sin embargo, mediante consulta en el sitio oficial de Internet del Registro Público de Comercio (RPC) se verificó que los representantes legales de la empresa que constituyeron están vinculados a empresas cuyas operaciones han sido sancionadas por la anteriormente denominada SFP hoy SABG.

Así también, en la constancia de situación fiscal proporcionada por el proveedor no se consideraron de forma oportuna las actividades económicas requeridas para la conversión y equipamiento de los vehículos como patrullas y no se presentó la garantía de los vehículos.

Asimismo, se detalla que se comprobó de manera documental que los vehículos existen, se encuentran en condiciones apropiadas de operación, cumplieron con las especificaciones y características requeridas en los contratos y los pagos realizados se encontraron soportados con las actas entrega-recepción, resguardos y facturas que contaron con el número de serie y características de los vehículos; y con su número de inventario, resguardo y póliza de seguro correspondiente.