Las sentencias de inhabilitación contra servidores y exservidores públicos expedidas por los Órganos Internos de Control (OIC) de los entes públicos estatales y municipales tienen validez en todo el país, aclaró Leticia Aguilar Jiménez, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV).
Por ello, dijo que los entes públicos o empleadores deben corroborar en los sistemas estatales de personas sancionadas que quienes buscan un cargo público no estén inhabilitados por los OIC.
En entrevista fue cuestionada sobre el caso de Joana Marlen Bautista, exadministradora del Poder Judicial de Veracruz, que aparece en la lista del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de los Servidores Públicos Sancionados por Faltas Graves.
Cabe mencionar que el pasado mes de noviembre se dio a conocer que dicha exfuncionaria se incorporó al Gobierno de la Ciudad de México en un cargo en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Su nombre aparece en la Lista de Servidores Públicos Sancionados por Faltas Graves del SEA de Veracruz y está inhabilitada por 10 años para ocupar cargos públicos.
La exservidora pública de Veracruz difundió un amparo mediante el cual aseguró que no debía estar en el registro, pero su nombre permanece en el listado vigente hasta este 6 de diciembre.
Agregó que los Poderes Judiciales de las entidades federativas cuentan con un OIC que sanciona a las personas servidoras públicas que incurren en alguna falta, y que estos órganos son los responsables de alimentar las bases de datos de personas inhabilitadas.
“De acuerdo con la Ley General, lo que hacen los entes es que cada uno tiene su órgano interno de control, y esos órganos internos alimentan la plataforma, no lo hace el SEA (…) Cada órgano interno tiene claves: municipios, órganos estatales, secretarías”.