Si Exalcaldes intentan aclarar anomalías, están a merced de nuevos ediles

Los funcionarios que dejan su cargo no deberían depender “de la buena o mala voluntad” de sus sucesores para aclarar observaciones y recomendaciones del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), pues actualmente están sujetos a “calumnias” por parte de antagonistas políticos.

Lo anterior lo señaló la diputada del Partido Verde, Citlali Medellín Creaga, quien alertó que existe una “laguna” en el proceso de fiscalización durante la transición de administraciones públicas, de ahí que propuso una reforma a la Ley de fiscalización superior y rendición de cuentas, entre otras disposiciones, para que no ocurra lo sucedido con la Cuenta Pública 2021.

Hay que recordar que en octubre de 2022 la actual alcaldesa de Tamiahua, Linda Guadalupe Rodríguez Torres, acudió al Congreso del Estado a presentar una denuncia de juicio político en contra de la propia Medellín Careaga, señalando que habría desviado al menos 10 millones de pesos únicamente del ejercicio 2021.



La hoy Diputada local aseveró que, de acuerdo con el ORFIS, al menos el 75 por ciento de los sujetos obligados de la Cuenta Pública 2021, no pudieron entregar la documentación certificada en la etapa de solventación de observaciones, debido a que las autoridades municipales en función se negaron a certificar la documentación o cobraban cuotas excesivas por certificar la información.

Medellín Careaga recordó que el año pasado la revisión coincidió con el cambio de administraciones públicas municipales, sin embargo, en su opinión faltó “honradez, eficacia, profesionalismo e imparcialidad” de los nuevos funcionarios.

“Por desgracia son cuantiosas las consecuencias que esta mala praxis acarreó consigo en desvirtuar tanto de servidores en función como servidores retirados, esto se debe a que, aunque la solventación es solo una fase de todo el procedimiento, es posible configurar desde esta la presunción de un posible daño patrimonial, lo que alimenta la avidez de proferir calumnias por parte de antagonistas políticos e instrumentar fake news”.



En opinión de la legisladora, dicha laguna en la ley fue bien aprovechada por malintencionados grupos de servidores públicos, quienes actuaron de manera dolosa.

“Sin ningún sentido de responsabilidad, contestaron lo que se les vino en gana, sin escudriñar los archivos que se encontraban en sus dependencias, ni solicitar auxilio de los exservidores, que preocupados por la situación solicitaban la colaboración de las entidades para cumplir con este requerimiento”, criticó.

Añadió que la Ley actualmente contempla sanciones para los entes fiscalizables, servidores públicos y demás autoridades del Estado que obstaculicen el proceso de fiscalización. Por lo anterior aseveró que se requieren de medidas de apremio, además de claridad en la ley, que corrijan los vicios que sucedieron en el procedimiento de solventación de la Cuenta Pública 2021, suscitados entre las administraciones salientes y entrantes por la documentación que se pudiera ocultar.



La legisladora añadió que esto también podría evitar la sobrecarga de promociones innecesarias a los órganos jurisdiccionales, autoridades fiscalizadoras u órganos de investigación, en caso de que sea una conducta deliberada de falsa denuncia y simulación de pruebas.

La iniciativa con proyecto de decreto adiciona diversas disposiciones a la Ley de fiscalización superior y rendición de cuentas, además de sumar el párrafo cuarto al artículo 35 de la Ley de responsabilidades administrativas y reformaría disposiciones de la Ley de entrega y recepción del poder ejecutivo y la administración pública municipal.