Si le quitan fuero, Raúl González encarará su proceso penal, asegura su defensa

El alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, enfrentará el proceso penal si el Congreso de Veracruz aprueba retirarle el fuero, afirmó su abogada, Izaskun Moreno.

Antes de la sesión en la que los diputados resolverán el juicio de procedencia, la defensora aseguró que el Presidente Municipal acudirá al Congreso y atenderá las decisiones que adopten las autoridades.

La abogada señaló que la defensa desconocía el contenido del dictamen elaborado por la Comisión Permanente Instructora y esperaba recibir una copia antes del inicio de la sesión. “Venimos a escuchar la postura y el dictamen de los diputados. No nos queda más que esperar”, declaró.



Moreno confirmó que la defensa hará uso de la voz ante el Pleno, constituido en Jurado de Procedencia, para exponer sus argumentos contra el retiro de la protección constitucional.

Sostuvo que, en su opinión, la carpeta de investigación no contiene datos suficientes para atribuir al Alcalde responsabilidad en los hechos por los que es investigado y afirmó que el señalamiento se basa en la declaración de una persona identificada como “Delta 1”. “Dentro de la carpeta solamente hay una entrevista de un ‘Delta 1’ que dice que escuchó. No hay elementos suficientes para atribuirle la autoría material”, manifestó.

La defensora explicó que, si el Congreso aprueba el desafuero, la Fiscalía General del Estado podrá solicitar una orden de aprehensión ante un juez. Aclaró que el retiro del fuero no implica una detención automática. “La Fiscalía estaría en condiciones de solicitar una orden de aprehensión”, indicó.



Moreno precisó que González Martínez permanece en calidad de investigado, pues hasta el momento no ha sido imputado ante un órgano jurisdiccional. “El Alcalde está en calidad de investigado. Todavía no está judicializado ni imputado”, señaló.

En caso de que la Fiscalía obtenga una orden judicial, el Alcalde deberá comparecer ante un juez de control para que se defina su situación jurídica. La abogada indicó que la defensa analizará la presentación de un amparo después de que exista una resolución legislativa o judicial que pueda ser impugnada. “No se puede pedir un amparo aún. Estamos esperando que resuelvan para poder trabajar”, dijo.

Sobre una posible intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Moreno respondió que no tenía conocimiento de alguna solicitud formal, aunque consideró viable la presencia de observadores. La defensora también atribuyó el procedimiento a factores políticos, pero no ofreció más detalles sobre ese señalamiento. “Entendemos que en esta situación son cuestiones políticas. Es lo más que le puedo mencionar”, expresó.



Si el Congreso aprueba el dictamen, González Martínez será separado del cargo y su suplente, Juliana Ruiz Martínez, podrá asumir la presidencia municipal mientras se desarrolla el proceso. La resolución legislativa no determinará la culpabilidad del alcalde. Su efecto será retirar la protección constitucional para que la Fiscalía pueda proceder penalmente en su contra.