Si no se despenaliza aborto en Veracruz, diputados de PAN enfrentarían consecuencias penales

Tres diputados locales del PAN y uno del PRI están creando condiciones para que se pueda proceder hasta penalmente en su contra en caso de que el Congreso de Veracruz no modifique el Código Penal del Estado para permitir la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Se trata del diputado del PAN, Gregorio Murillo Uscanga, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, así como vocal de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales.

Además, de los también panistas Bingen Rementería Molina, presidente de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales y Teresita Zuccolotto Feito, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género.



Dichas comisiones estaban encargadas de acatar la recomendaciones de la Alertad de Violencia de Género por Agravio Comparado para cambiar el Código Penal y despenalizar el aborto en Veracruz, evidenció la diputada local de MORENA, Guadalupe Osorno Maldonado.

La legisladora advirtió que con la misma responsabilidad incumplió el diputado del PRI, Carlos Antonio Morales Guevara, quien junto con los tres diputados panistas rechazó dictaminar en favor de reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal del Estado.

La diputada de MORENA reconoció que la reciente sentencia de un juez federal mandata al Congreso a legislar para garantizar a las mujeres y niñas el acceso efectivo a servicios de interrupción del embarazo.



No obstante, Osorno Maldonado recordó que es por dichos diputados que la Legislatura no cumplió con las recomendaciones previas a la declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, decretada el 13 de diciembre de 2017 por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM).

Ahora, un Juez consideró que al no reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal del Estado, que consideran el aborto como un delito, se violentaron los derechos de las mujeres a no ser discriminadas, a sus derechos sexuales y reproductivos, a la salud, a la dignidad y al desarrollo de la personalidad.

Igualmente, se violentaron diversos preceptos constitucionales, así como tratados en materia de derechos humanos ratificados por México, pues en conjunto los tres diputados del PAN y el del PRI declararon improcedente dictaminar en sentido positivo la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal, que en su momento fue impulsada por la diputada de MORENA, Tanya Carola Viveros Cházaro, de quien Osorno Malodano es suplente.



Dicho proyecto se avaló en sentido “improcedente” en la sesión del 28 de septiembre de 2017 con apenas 24 votos a favor, en medio de diversas irregularidades, recordó la morenista.

“En este caso, ahora con la resolución de un juez mediante un amparo, no nada más es la cuestión de un incumplimiento del compromiso de la Alerta de Violencia de Género, estamos hablando de una obligación por orden judicial y en caso de que no se siga, está el delito de desacato a órdenes judiciales que incluso pueden llegar a ser penales.

“Respecto a quiénes serían los responsables, según viene en el amparo, está marcada a la LXIV Legislatura. Sin embargo, recordemos que este incumplimiento también puede ser dado en diferentes niveles, ya que hay responsabilidad desde haber o no votado a favor de un dictamen, ir en contra de la iniciativa, hasta no haberla presentado como se pidió si el compromiso era hacerlo, además de dictaminarla de forma irregular”, sostuvo.



La legisladora planteó que con este contexto podrían generarse sanciones penales, luego de que se anunció por parte del coordinador del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio Hernández, que es factible un interponer un recurso de revisión a la sentencia del Juez que pide al Congreso legislar para permitir la interrupción legal del embarazo hasta antes del 31 de julio.

Osorno Maldonado reiteró que luego de que se decretó la Alerta de Género, el documento marca específicamente quiénes fueron los responsables de incurrir en la omisión legislativa, es decir, quienes dictaminaron en sentido improcedente este tema, tratándose de Murillo Uscanga, Rementería Molina, Zuccolotto Feito y Morales Guevara.

Finalmente, la diputada local de MORENA recordó que a la sesión de comisiones para declarar como improcedente el dictamen a favor de la Interrupción Legal del Embarazo no acudió el diputado morenista Amado Cruz, vocal de la comisión de Derechos Humanos.



Tampoco lo hizo la diputada morenista Lourdes García, secretaria de la comisión de Derechos Humanos, ya que los primeros mostraron su inconformidad por la forma en que procedieron los presidentes de las tres comisiones responsables de integrar el dictamen.

Por su parte la diputada del PRI, Janeth García Cruz, tampoco acudió a la sesión de comisiones, en donde se determinó ir en contra de la recomendación de la CONAVIM.

“Después el dictamen (elaborado el 22 de septiembre de 2017) se aprobó en una sesión convocada de manera irregular, ya que se convocó por parte de la Diputación permanente (el 19 de septiembre de 2017) que rompió quórum el día que se registró el temblor.



“Es decir, que se constituyó de manera irregular la Diputación Permanente con sobrerrepresentación del PAN para poder convocar a la sesión extraordinaria el 28 de septiembre, en donde se avaló el dictamen en contra de la modificación del Código Penal”, refirió Osorno Maldonado.

Así, la legisladora comentó que conforme vaya avanzando el recurso de revisión que proyecta la mayoría en el Congreso al amparo otorgado por el juez se deberá de dar seguimiento a los procesos judiciales que puedan surgir, para conocer la forma en que se deslinda la responsabilidad de cada uno de los involucrados dentro de la LXIV Legislatura.