Al participar en la movilización en Xalapa en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación, el magistrado de circuito, Jesús Arreola José Dekar, afirmó que la reforma avalada en San Lázaro nunca expuso la supuesta corrupción que se argumentó para impulsar dicho cambio a la Constitución Política.
Aseveró que la exposición de motivos precisa que la reforma es derivada de la corrupción de los jueces y magistrados, así como de los propios ministros, aunque “en ningún momento ofrecieron ninguna prueba de ese tema”.
“Se implementa una reforma para que a través del control del voto popular y de una tómbola, se pueda designar a las autoridades jurisdiccionales para que resuelvan con criterios políticos, sin considerar la Constitución ni la seguridad jurídica. La protesta de hoy inició desde las 9 de la mañana y tiene por objeto que la sociedad se concientice de la gravedad que conlleva una reforma que no tiene un diagnóstico del Sistema Judicial Mexicano”, mencionó el magistrado.
Criticó que el Gobierno Federal nunca presentó un diagnóstico serio sobre la situación de la policía que trabaja en la detención de delincuentes, ni de los Ministerios Públicos, abogados y del propio Poder Judicial de la Federación en las áreas que sí requieren una reforma.
El magistrado consideró que la reforma es una acción populista, pues únicamente busca elegir a los "jueces a modo" que no se atrevan a declarar la inconstitucionalidad de alguna ley que impulse la aplanadora de la Cuarta Transformación.
Jesús Arreola José Dekar añadió que su interés es generar conciencia respecto al riesgo que corre la democracia y la división de poderes.
Sostuvo que actualmente el sistema judicial tiene a la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito y jueces federales, quienes permiten el amparo para actos abusivos de las autoridades, de ahí la importancia de que sigan siendo independientes.
“Lo que quieren son jueces con criterios políticos en donde el ‘aplausómetro’ va a decidir la vida de alguien”.
Finalmente, dijo que el Poder Judicial de la Federación tiene un marco legal y actualmente los jueces señalados de corrupción tienen que regirse y resolver conforme a la ley, por lo que se requieren autoridades valientes que puedan ir en contra de detenciones arbitrarias y casos de desapariciones forzadas.
“Vamos a tener jueces cobardes que no tengan el mínimo valor para detener actos de ese tipo. Las Fiscalías tienen una tarea relevante, pero si no la cumplen, ¿por qué criticar al Poder Judicial de la Federación?”, concluyó.